Desde la barriada de Casería de Montijo todavía se pueden ver los terrenos de la Azulejera. Un espacio de la ciudad donde muchas familias soñaron con vivir en unos flamantes pisos protegidos de nueva construcción. Sin embargo, la zona es hoy un solar abandonado a su suerte. La crisis económica se llevó por delante las expectativas de estas familias pero no las sentencias que de vez en cuando sacuden las arcas municipales por la gestión realizada en la etapa anterior. Una de las últimas, precisamente, pone en el foco de nuevo en estos terrenos con una nueva 'losa' para el área de Economía.

El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Granada ha condenado al Ayuntamiento a pagar 297.504 euros a la empresa Gijón Arquitectura S. L P. que reclamó el pago de una cantidad económica relativa al contrato de prestación de servicios de consultoría y asistencia en trabajos a la extinta Emuvyssa para la construcción de 175 viviendas de VPO conocidas como La Azulejera.

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La sentencia estima "parcialmente" la demanda condenando al Ayuntamiento al pago de 297.504 euros más el interés legal de dicha cantidad desde la fecha de interposición de la demanda en una resolución a la que se ha interpuesto recurso de interposición. Según recoge la sentencia, la empresa firmó un contrato de prestación de servicios en 2008 con Emuvyssa (entidad que ha fue absorbida por el Ayuntamiento en noviembre de 2014) para la construcción de los citados pisos de VPO. La empresa debía encargarse de la redacción de "proyectos previos, básicos, el proyecto de ejecución e infraestructuras de telecomunicaciones y la dirección de las obras correspondientes promovido por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo habiendo realizado la elaboración del proyecto básico en su totalidad, un 92% del proyecto de ejecución. Pero además se culminó el estudio detalle de parcela RP5 del PPE2 La Azulejera del PGOU de Granada. Sin embargo, Emuvyssa "resolvió el contrato de forma unilateral después de encontrarse paralizado el proyecto durante un largo tiempo mediante una comunicación realizada en 2014.

El Juzgado ha tratado de aclarar la existencia de un posible "incumplimiento contractual" por parte del Ayuntamiento (al haber sucedido a la entidad Emuvyssa) que resolvió unilateralmente y de forma improcedente el contrato de prestación de servicios. La demandada alegó que la entidad Emuvyssa decidió resolver el contrato quedando "exento de cualquier tipo de responsabilidad en aplicación de la cláusula quinta del contrato celebrado" que recogía que "Emuvyssa está exenta de cualquier responsabilidad cuando los trabajos objeto de encargo hubieran de suspenderse definitivamente porque los terrenos no sean aptos para la edificación o si se declara inviabilidad urbanística.

Sin embargo, también recoge que, "si la suspensión se produjera durante la realización de alguna de las fases del encargo, se procederá al abono de la parte proporcional de los trabajos realizados debiendo el adjudicatario hacer entrega de los mismos". Aunque la parte demandada aseguró que el proyecto era inviable debido a la situación económica, la sentencia considera que se puede proceder a la suspensión del contrato no sin pagar la parte proporcional de los trabajos realizados.

El pasado año el Ayuntamiento de Granada inicio los trámites para devolver el dinero adelantado por parte de las familias para la construcción de sus casas. Durante todo el proceso en el mandato del PP, los vecinos pelearon por recuperar su dinero y, en todo momento, los grupos de la oposición les apoyaron.

Entre ellos se encuentra el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura, que ayer criticó con dureza esta sentencia supone un nuevo "pufo urbanístico del PP que al final tiene que pagar los granadinos con esta nueva sentencia que supone más de 300.000 euros".

El concejal aseguró que "es sangrante cuando tiene que ver con una operación urbanística donde Emuvyssa fue promotora de una promoción de VPO que no llegó a ejecutarse ni construirse y donde hubo 52 familias que confiaron en esta sociedad sus ahorros y se encontraron estafados y perdieron parte del dinero. "Esperamos que el Ayuntamiento abra viales civiles contra la anterior concejal de Urbanismo y contra el exalcalde para reclamarle los daños que ha provocado una gestión urbanística oscura, nefasta y que está suponiendo un daño importante a las arcas municipales y una "sentencia detrás de otra".