Ley de vivienda

La provincia de Granada mantiene la cautela con el aumento del IBI a los pisos vacíos

  • Los distintos ayuntamientos prefieren dejar que la tramitación de la ley siga su curso antes de hacer algún movimiento

  • Solo el de Almuñécar se muestra claramente en contra entre los grandes núcleos urbanos

La provincia de Granada mantiene la cautela con el aumento del IBI a los pisos vacíos

La provincia de Granada mantiene la cautela con el aumento del IBI a los pisos vacíos / G. H.

El nuevo proyecto de ley de vivienda acordado por el Gobierno de coalición acaba de echar a andar y ya está dando que hablar. Luis González, coordinador del grupo municipal del PP, pidió ayer a Cuenca que declarase si iba a aplicar en Granada el incremento del 150% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) sobre las viviendas vacías en la capital. González hizo estas declaraciones en referencia a una de las medidas incluidas en la futura ley, que permite gravar a las viviendas vacías con este impuesto, una decisión que compete a cada Ayuntamiento aplicarla o no(el de Málaga, por ejemplo, ya ha mostrado su negativa a aplicar esta medida), por lo que debe ser la Plaza del Carmen quien decida poner en marcha este impuesto.González preguntó a Cuenca si va a “hacer esa subida de impuestos tan importante”, sin embargo la respuesta es algo más compleja y son muchos los ayuntamientos que prefieren esperar antes de dar ese paso tan importante. Así, Miguel Ángel Fernández Madrid, concejal de Urbanismo y Obra Pública en la capital, asegura que prefieren “conocer el detalle” de esta nueva normativa y “no quedarse únicamente con la noticia”, por lo que desde el Ayuntamiento esperarán a que avance la tramitación de la ley para hacer su movimiento.

La cautela no es exclusiva de los socialistas sino que también se aplica a los consistorios gobernados por el Partido Popular, como es el caso de Motril, donde están “valorando técnicamente” la medida, según ha podido saber este periódico

Esta precaución responde a la imprecisión de la ley. Para empezar, no queda claro qué se entiende por “vivienda vacía”, ni cuantas existen en la provincia. Preguntado por este tema, José Entrena, presidente de la Diputación provincial, reconoció que no poseen esta cifra y de hecho, el INE lleva desde 2011 sin actualizar este dato, cuando en la provincia se registraron 93.098 viviendas vacías, una cifra bastante superior a las 84.000 que, como máximo, cifraba la Junta en 2013, cuando planeaba, entonces bajo signo socialista, poner en marcha un decreto ley sobre la función social de la vivienda.

Más allá de la definición y la cantidad de las viviendas vacías otro de los problemas que afronta la nueva ley, al menos en terreno local, es cómo aplicar ese impuesto y a quién. Para empezar, como se ha dicho, es el Ayuntamiento quien debe solicitarlo y solo es aplicable a quienes tengan cuatro o más viviendas en propiedad. A su vez, ese gravamen es incremental y se divide en tres partes:el primer tramo de 50% es potestativo de cada ayuntamiento;el siguiente tramo del 50% sólo podrá cobrarse a quien tenga una vivienda que lleve más de dos años vacía;el 50% adicional sólo podrá cobrarse si se tienen más de dos viviendas vacías en el mismo municipio. El resultado es un complejo puzzle que necesita tiempo para ser resuelto, el mismo tiempo que ahora piden la mayoría de grandes ayuntamientos de la provincia antes de postularse.

En 2011, el INE cifraba en más de 93.000 las viviendas vacías de la provincia. La Junta, en un máximo de 84.000 dos años después

Pese a todo, tanto Entrena como Fernández Madrid coinciden en valorar positivamente esta medida, asegurando, en el caso del concejal, que cuanto mayor cantidad de suelo público esté disponible para fines sociales, mejor, aunque se mantienen fieles a la idea de prudencia.

Esa idea está instalada en todos los grandes ayuntamientos de la provincia, con la excepción de Almuñécar, también en manos de los populares, que de momento es el único municipio que niega tajantemente la aplicación de este impuesto, según ha podido saber este periódico.

La decisión del Ayuntamiento sexitano se enmarca, no obstante, en la directriz del PP a nivel nacional, ya que el propio Pablo Casado anunció al poco de conocerse esta medida que las comunidades y ayuntamientos del PP no emplearán la nueva norma, que su partido pretende recurrir ante el Tribunal Constitucional cuando se apruebe. A nivel autonómico, este rechazo ha tenido su eco en Marifrán Carazo, consejera andaluza de Fomento, quien negó rotundamente que Andalucía vaya a aplicar estas medidas, que calificó como “intervencionistas”, pues “afectan al derecho a la propiedad privada”, reconoció ayer Carazo en una entrevista a Canal Sur Radio.

Si prudencia es el mantra que se replica entre las filas socialistas, el intervencionismo para ser el de los populares, pues durante su acusación a Cuenca, Luis González también habló de “intervencionismo” que afecta a “la libertad de los individuos y a la esencia de la democracia”.

Entre esos dos frentes ha comenzado una ley de vivienda que ha comenzado andar pero que parece que, al menos en el caso de la provincia de Granada, se le antoja un camino largo y sinuoso.

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