Donde unos ven "maniobras oscuras" otros "dos interpretaciones de una norma jurídica". Estas serían las dos versiones o visiones –en primer lugar la del PP, en segundo, la del PSOE– sobre la convocatoria prevista para hoy de un examen de promoción interna dentro de la Policía Local de Granada. Este concurso, tal y como adelantó ayer Granada Hoy, ha sido recurrido por el Sindicato Independiente de Policía Local de Granada (SIPLG) ante las posibles "irregularidades cometidas a la hora de formar los tribunales, así como el incumplimiento de los plazos de convocatoria del examen para las dos plazas de oficial y una de inspector", que además había pedido la suspensión del proceso hasta que se resolviese la alegación. Asimismo, tal y como indicaron ayer desde el SIPLG, en caso de que hoy se produzca el examen el sindicato "emprenderá las acciones judiciales pertinentes".

Como ya indicó ayer este diario, el SIPLG destacó que "les llamaba la atención que en la lista de aspirantes vaya un agente que en la actualidad es escolta del alcalde, un sindicalista que defendió al actual jefe de la Policía Local en su causa judicial por presunto acoso laboral a otra agente, y un policía que se encuentra de libre designación en un puesto creado para él por parte de la actual Jefatura". Precisamente, esto fue algo que también criticó ayer el Partido Popular.

El portavoz del grupo municipal del PP, Juan Antonio Fuentes, denunció las "oscuras maniobras" del equipo de Gobierno socialista para "dejar atados in extremis todos sus asuntos y asentar a su personal de confianza antes de abandonar la Alcaldía".

Para Fuentes, al igual que ya había denunciado previamente el SIPLG, "la convocatoria crea una inseguridad jurídica total a los aspirantes", por lo que desde el PP también se pidió "la suspensión de un proceso que Francisco Cuenca ha activado con una curiosa prisa".

Si bien, la respuesta desde el PSOE es que se está "dentro de la legalidad" a tenor de los informes de los técnicos del área de Personal, tal y como explicó a este diario el concejal del ramo, Baldomero Oliver. "En estos casos creo que hay dos interpretaciones de una norma jurídica. En Personal me han dicho que estamos dentro de la legalidad", afirmó.

Respecto al posible incumplimiento de los plazos –en el recurso del sindicato se denunciaba que de respetarse una vez publicado en el BOP (publicado el 4 de junio), debían concederse 10 días de alegaciones por lo que la prueba tendría que haberse fijado para el día 18 de junio–, Oliver indicó que "la convocatoria se hace conforme a los informes de los técnicos de Personal" y que "evidentemente, los plazos se han cumplido".

El edil se reafirmó que "otra cosa es que haya alguien que lo interprete de otra forma, pero la convocatoria se ha hecho conforme a los informes que desde personal se han elaborado, en los que se cumplen los procedimientos y los plazos conforme a derecho".

De igual modo, Oliver matizó que "el procedimiento tiene un carácter más o menos automatizado una vez se convoca, al igual que ocurre con otros", por lo que no es un "asunto sobre el que se haya estado absolutamente encima", al tener los informes de los técnicos de Personal.

Por su parte, el SIPLG indicó ayer que la misma mañana de este martes "pese a estar fechado de un día antes", se había publicado la fase de concurso para este examen. "Las bases dicen que se deben de dejar cinco días hábiles para alegaciones y no se ha hecho", indicaron desde el SIPLG, que aseguraron haber informado de las "irregularidades tanto al concejal, al alcalde como al director de Personal, sin obtener respuesta".

Además insistieron en que "si ya lo habían hecho mal porque habían vulnerado los derechos y no habían respetado los plazos legales que ellos mismos habían establecido en las bases, lo han vuelto a hacer mal hoy [por ayer] porque el examen es mañana [por hoy] y se ha publicado la baremación el día de antes".

Así, el SIPLG considera "que es un proceso nulo de pleno derecho", y afirma "acciones judiciales" si hoy se produce el examen, pues "se han vulnerado los derechos de los aspirantes y los plazos legales". En este sentido, afirman que "ha habido aspirantes que una vez vista la baremación que se les ha otorgado, han presentado alegación porque no están de acuerdo y, según las bases, para ello se tendrían cinco días hábiles, algo que no hay porque el examen sería este miércoles".