Los datos sobre el desmantelamiento de la Ley de Dependencia no dejan de surgir. Según la última estadística del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, actualizada el 19 de agosto, Andalucía (los datos oficiales son autonómicos) cuenta con 156.581 beneficiarios recibiendo una prestación de las recogidas en la Ley de Dependencia, la cifra más baja desde hace muchos meses. De hecho, de marzo a julio hay en la comunidad 5.415 beneficiarios menos, una pérdida del 3% en apenas unos meses. Si se compara con años anteriores, el dato es peor aún. En comparación con julio de 2013, Andalucía tiene 18.975 beneficiarios menos (un 10,8%) y si se analiza el dato respecto al verano de 2012 -fecha en la que se alcanzó el mayor número de beneficiarios de la ley en Andalucía-, la pérdida es aún mayor y alcanza el 20% menos de usuarios (39.621 beneficiarios con prestación menos).

Un dato contra el que tiene que luchar la Junta de Andalucía, que anunció a principios de año la reactivación de la ley en la comunidad tras reconocer una parálisis por las dificultades presupuestarias y los recortes. Así, este año se han comenzado a reactivar las valoraciones, la resolución de expedientes y la realización de los Planes Individualizados de Atención (PIA) para introducir como beneficiarios a un porcentaje alto de dependientes en lista de espera y cubrir las plazas y vacantes que se estaban quedando libres y que no se reponían, hechos que han dado pie a que se "diluya" el derecho que otorga la ley.

Según los datos del Ministerio todavía no se está notando esta reactivación ya que la comunidad no deja de perder beneficiarios de la ley y de aumentar la lista de espera de personas pendientes de una prestación. El reto es alto si se quiere volver a las cifras de aplicación de 2012, nada menos que reponer el 20% de beneficiarios perdidos.

En los últimos meses, la cifra ha ido a la baja. Así, en marzo había 161.996 beneficiarios con prestación en Andalucía, en abril bajó a 160.306; en mayo a 159.328; en junio a 158.429 y en julio, a 156.581 beneficiarios, según el Ministerio. Unas cifras muy lejanas a los 175.556 beneficiarios con prestación de julio de 2013 y a los 196.202 del mismo mes del año 2012.

En Granada, la promesa de la Junta es de 'rescatar' a 2.000 personas de la lista de espera para poder darle un servicio a través de la ley de Dependencia. Al parecer, lo que se va a primar, más que las ayudas económicas, son los servicios que crean empleo como la ayuda a domicilio, los centros de día o las plazas residenciales. En la provincia, los recortes han evitado en estos años la incorporación de 5.000 dependientes a la ley. Ahora (según datos actualizados por Salud en febrero de este año) hay 24.000 beneficiarios frente a los 28.000 de 2010. Además, la provincia tiene unos 5.000 dependientes valorados y en espera de recibir la prestación y otros 5.000 pendientes de valoración. Para su reactivación, la provincia iba a recibir de la Junta 1,1 millones extra.

Además de los usuarios, uno de los colectivos más preocupados por esta parálisis y recorte de la ley es el de los trabajadores sociales, que reconocen que tras un año paralizada, sí es verdad que en los últimos meses han recibido la orden de activar de nuevo la ley, las valoraciones y los expedientes tras darse luz verde de nuevo a la entrada de dependientes, tal y como confirmó la presidenta del Colegio oficial de Trabajo Social y Asistentes Sociales de Granada, Francisca Martín. "La culpa es de todos. Todas las administraciones han puesto menos, y los que pierden son los usuarios". Así, reconoce que la ley empezó con muchas ganas y consensuada por todos pero que en los últimos años ha sufrido un duro golpe del que se tiene que reponer como derecho subjetivo de los ciudadanos.

El reto de la reactivación es grande y Martín espera que pueda hacerse. Pero no será fácil volver a los niveles de 2012. "Si se cubre todo, es decir, los que entran por los que salen, sí se podrá volver a esos niveles pero si no se hace así, y me consta que no se está haciendo, va a ser imposible", aseguró la presidenta del colectivo de trabajadores sociales, indispensables en el desarrollo de esta ley.

Pero hay más problemas. Los recortes en la ley han cambiado también las expectativas que tenían los profesionales en ella. Así, si en su nacimiento fue "el principal yacimiento de empleo" de los trabajadores sociales, ahora "hay más dificultad" laboral. "Aunque se están manteniendo los que había, estamos preocupados por el personal de refuerzo contratado por los ayuntamientos por si no llega el dinero de la Junta y se deja de contratar. Todo está muy en el aire y si se reactiva la ley el personal es más necesario que nunca, casi como al principio, por lo que esperemos que no se pierdan más puestos de trabajo ya que es necesario el personal para las valoraciones y los trámites de la ley", argumentó Martín.

Porque la lista de espera es alta. A 31 de julio, el 27% de los dependientes reconocidos en Andalucía estaban pendientes de una concesión, dos puntos más que en abril del mismo año. Además, hay registradas 378.224 solicitudes de valoración, la cifra más alta del país.