A punto de conmemorar el aniversario del primer naufragio de una patera y cuando una marea de refugiados continúa llegando a Europa huyendo de la guerra, los 'otros refugiados', los que huyen de su país en la mayoría de casos también por la guerra en sus países, recorren buena parte de África para jugarse la vida en patera. La inmigración ilegal por mar ha efectuado un repunte y ya en agosto se alcanzó el número de tripulantes que llegaron a las costas de Granada en todo el ejercicio pasado, animados ahora por la cacareada recuperación económica y la sensibilización con los refugiados.

Uno de los capítulos de la inmigración ilegal por mar más desconocidos es qué ocurre con estas personas una vez que pisan territorio español por la puerta de entrada a Europa que supone la Costa de Granada, así como el procedimiento que se sigue en el momento en el que son interceptados, un hecho que desencadena un totum revolutum en el que se ven implicados personal sanitario, jueces, abogados, intérpretes, voluntarios y prácticamente toda la comisaría de Policía, debido a la multitud de trámites que se requieren.

Habitualmente se produce una llamada al 112 desde la propia embarcación neumática en el mar. Una vez que se tiene conocimiento de que una patera se dirige hacia España, la Guardia Civil o Salvamento Marítimo activan su dispositivo de rescate. En Granada se encarga este último cuerpo, dependiente del Ministerio de Fomento, que dispone de medios con base tanto en el Puerto de Motril como en el de Almería.

El 112 avisa también a la Policía Nacional, que asimismo activa su protocolo de actuación en estos casos. Como la Guardia Civil no tiene cometido en tierra (sí en el mar) en materia de extranjería, a no ser que haya ocurrido alguna desgracia en el agua, se lo entrega a la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional.

Lo prioritario una vez que llegan desde la embarcación de Salvamento Marítimo, que les ha interceptado y rescatado en el mar, es la atención humanitaria, que en Motril es prestada por los voluntarios de Cruz Roja. Muchos de ellos suelen necesitar también atención sanitaria, por lo que una ambulancia les está esperando en el Puerto. Los mayores de edad son internados en el Centro de Recepción de Inmigrantes que la Policía Nacional posee en el Puerto de Motril, algo que se hace en cumplimiento de la Ley de Extranjería. Acto seguido, proceden a su identificación, con la ayuda de intérpretes oficiales, un servicio externo que contrata directamente el Ministerio. Cada uno de los inmigrantes tendrá a su disposición no sólo a un intérprete, sino también a un letrado. Y el juez también se entrevistará con ellos.

Algunas de las mujeres que llegan han sido captadas por las mafias o se pagan el viaje mediante la prostitución, aunque se trata de un porcentaje poco significativo. Según la Ley de Extranjería, tiene un periodo de reflexión para denunciar a los proxenetas y se inicia una investigación sobre el asunto. Se ha dado algún supuesto en el que ha fingido pertenecer a una red de prostitución para quedarse en España, aunque suelen ser detectadas por los agentes.

Los mayores de edad, después de una estancia -por la tramitación- de un día o dos en el Centro de Recepción de Inmigrantes del Puerto de Motril, son trasladados a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) más cercanos. Esto último, como todos los trámites, tiene que ser autorizado, en este caso, por un juez.

Se dicta un decreto de devolución para todos por entrada ilegal en territorio español, por el que los inmigrantes deben volver a su país de origen. Sin embargo, esto no es tan fácil. Estas personas suelen ser marroquíes o subsaharianos (casi nunca llegan mezclados). En el primer caso, el Reino alauí colabora activamente para su devolución, pero en el segundo entran en juego decenas de países y tribus, lo que a veces hace que sean casi imposibles de identificar. Las autoridades consulares de dichos Estados -si se conocen, pues la mayoría no trae documentación- se entrevistan con cada uno de los inmigrantes.

Cuando se producen devoluciones masivas de inmigrantes, entra en juego la UIP (Unidades de Intervención Policial, conocidos como antidisturbios) de la Policía Nacional. En caso de que sea una persona sola y, por ejemplo, marroquí, un agente le acompañará hasta el país vecino. Si no se puede determinar su origen serán enviados a los CIE durante el periodo máximo legal establecido de 60 días y una vez transcurrido el mismo serán entregados a las ONG en acogida (un supuesto que ocurre bastante), a no ser que con posterioridad puedan ser identificados y entonces expulsados. Si no está documentado no se puede expulsar.

Uno de los grupos que tiene un tratamiento especial es de las embarazadas. Son examinadas por personal sanitario nada más llegar para comprobar su estado de salud y el del feto. Si embargo no se quedan obligatoriamente en España a no ser que den a luz aquí. Si no, se cumple con ellas la tramitación ordinaria. Si se identifican, son expulsadas como el resto. Otro grupo con tratamiento especial es el de los menores, en cuyo caso entran en juego los Servicios Sociales de la Junta de Andalucía y la Fiscalía de Menores. Existen casos evidentes, como cuando se trata de bebés, pero cuando se encuentran en el umbral de la adolescencia es difícil conocer su edad y muchos de ellos aseguran que lo son, pues saben que ese pequeño 'detalle' puede cambiarles la vida. Para determinar si son menores existen las pruebas oseométricas que son realizadas en el Hospital Santa Ana de Motril. En caso de duda, después de ellas o del examen del forense, el criterio de la Fiscalía es que sean tratados como menores si ellos lo afirman así. En estos supuestos, nunca se les detiene ni se les devuelve.

Muchos de estos extranjeros con posterioridad se han agrupado con familiares que ya estaban en España o han conseguido superar su situación ilegal con la consecución de trabajo, casándose con un español (obviando los casos de matrimonios de conveniencia, que son ilegales), teniendo hijos o demostrando arraigo (llevar años en el país). Corresponde a la Subdelegación del Gobierno en cualquier caso determinar quién se queda y quién no.

Una vez que los menores cumplen 18 años se les pone en libertad, pero tienen que conseguir regularizar su situación para quedarse en España. Si cometen hechos delictivos en el futuro, podrán ser igualmente expulsados o bien cumplir las penas estipuladas para el delito en cuestión, si no entra en juego la conmutación de la pena (de 1 a 6 años) por la gravedad del mismo. Si consiguen documentación finalmente, habrán cumplido una parte del sueño de todos los que un día embarcaron.