El conflicto entre el PP y Luis De Haro-Rossi tiene ya tres frentes judiciales abiertos. A la denuncia por injurias y calumnias que el jefe superior de Andalucía Oriental del Cuerpo Nacional de Policía presentó contra la portavoz popular, Eva Martín, hay que sumar una querella criminal, con idénticos remitente y destinataria, y otra que De Haro-Rossi presentó el domingo contra el presidente provincial del partido, Sebastián Pérez.

Por orden cronológico, lo primero fue la denuncia por presuntas injurias. Fue presentada el pasado 15 de julio, después de que Eva Martín acusara al mando policial de utilizar "una doble vara de medir" y de investigar de forma diferente en función de que ésta afectara a un municipio gobernado por el PSOE o por el PP.

El Juzgado de Instrucción número 7 incoó diligencias y ordenó que Eva Martín acudiera a declarar como imputada el pasado 1 de febrero. La también candidata al Parlamento de Andalucía solicitó el aplazamiento y éste le fue concedido. Su declaración se fijó para mañana, día 13, pero el juzgado le ha comunicado a Eva Martín que la cita se pospone.

El motivo, según explicaron fuentes judiciales, es que existe una segunda causa abierta contra ella. Es una querella criminal por injurias y calumnias que De Haro-Rossi interpuso el 17 de julio contra ella en el Juzgado de Instrucción número 1, que decretó su archivo. Pero el querellante lo recurrió y ante el mismo órgano judicial y ahora se está a la espera de que resuelva. El juzgado que instruye la primera denuncia -es decir, el 7- aguardará a su vez hasta que se conozca esa decisión.

En consecuencia, Eva Martín no declarará mañana y su partido aplazará también la concentración que había organizado en la puerta de los juzgados de La Caleta para defender la "libertad de expresión" de su portavoz.

El tercer frente abierto es la querella criminal que el domingo presentó De Haro contra el PP o, en su defecto, contra su máximo responsable, Sebastián Pérez, como responsable último del comunicado remitido por la formación el pasado día 5 en el que se reiteraban las acusaciones de parcialidad contra el dirigente policial y se le calificaba de "activo militante socialista".

Entiende el abogado de De Haro que en ese comunicado podrían haberse incluido hasta tres delitos de calumnias y uno de injurias. Añade que el PP no puede, en este caso, ampararse en el derecho constitucional a la libertad de expresión porque sus acusaciones "no se dirigen contra un cargo electo político, sino contra un profesional, lo que le impide contestar políticamente". Eso, concluye, sólo puede hacerse a través de los tribunales.

Todo lo anterior no arredra a los populares. El citado Sebastián Pérez insistió ayer en que lo único que han hecho ha sido "decir lo que pensamos" y advirtió de que las querellas y las denuncias no les van a callar.