Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento acordaron ayer por unanimidad abrir una comisión de investigación que ponga negro sobre blanco en los gastos extraordinarios sin dotación presupuestaria que se realizaron en TG7 durante la etapa de gobierno del PP y que alcanzaron los 548.000 euros.

De esta forma, cada grupo político hará un listado con el personal que creen que debe comparecer en dicha comisión. Así a bote pronto: el concejal responsable de la televisión durante estos años, Juan Antonio Fuentes, la directora de la televisión, los técnicos que elaboraron los informes, la productora CBM encargada del servicio, y las empresas que pagaron campañas publicitarias. La idea de dicha comisión informativa es dar la oportunidad a los responsables de explicar las dudas que subyacen sobre la gestión económica de la tele durante estos años.

La primera duda que asalta a los grupos políticos es qué clase de servicios extraordinarios se prorrogan por dos años duplicando casi el presupuesto anual de la tele. Entre las facturas fuera de presupuesto se incluyen el pago a redactores 'extra' por 2.800 euros mensuales, facturas mensuales a colaboradores que van desde los 550 a los 1.900 euros, o dietas para Fitur por casi 800 euros. Aunque en el capítulo de personal se llevan la 'palma' los honorarios de una presentadora cuyo trabajo se tarifica como servicio extra y que cobraba cada mes 3.025 euros. Llaman la atención algunas partidas como la destinada a la compra de "esponjillas para los micros" por 1.823 euros o los 81.000 euros que costó una unidad móvil para cubrir la Semana Santa de 2015.

De esta forma, los cinco grupos con representación municipal acordaron indagar sobre estas facturas, las circunstancias en las que se emitieron, conforme a qué procedimientos administrativos y sobre qué base legal, por si pudiera haber alguna irregularidad en las mismas.

En un plazo de un mes y medio los cargos políticos y técnicos irán dando las explicaciones oportunas sobre estas cuestiones ante los representantes de los grupos municipales. Al término de las comparecencias y con un documento de conclusiones, los grupos decidirán si ha habido actuaciones que hayan ido contra la ley y, en ese caso, se irán a la Fiscalía.

El pasado viernes el portavoz del equipo de gobierno, Baldomero Oliver, manifestó su sorpresa al descubrir que entre las cuentas que hace la productora CBM, además de los 548.000 euros aparecían 315.000 que daban por cobrados sin que el Ayuntamiento tuviera conocimiento de haberlos pagado. Eso significa que la propia televisión municipal, de sus ingresos publicitarios, hizo estos pagos a la productora sin que constaran en la contabilidad municipal.

Ante estas circunstancias, el portavoz municipal de IU, Francisco Puentedura, pidió una comisión de investigación para que se "depuren todas las responsabilidades legales, administrativas y políticas por una gestión escandalosa que ha generado un pufo de casi un millón de euros en facturas extraordinarias sin aclarar y sin ningún soporte económico, legal ni administrativo".

El interventor general y el titular de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Granada ya advirtieron hace justo un año que los servicios complementarios facturados excedían del importe contratado y, por tanto, "carecen de crédito y soporte jurídico", por lo que son "nulos de pleno derecho". Esto significa que, aunque el entonces concejal responsable de TG7 firmara todos estos gastos extraordinarios, se autorizaron sin consignación presupuestaria, duplicando la cuantía con la que contaba cada año la tele municipal y que estaba fijada en 750.000 euros.