Granada

Los antiguos responsables de TG7 se enfrentan a expedientes disciplinarios

  • Contratación dice que el convenio para pagar con publicidad servicios extra no es "ajustado a derecho"

Los servicios extraordinarios se prolongaron durante años.

Los servicios extraordinarios se prolongaron durante años. / g. h.

En febrero de 2016 un informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Granada advertía que los trabajos extra encargados entre los años 2013-2015 por el entonces responsable de la tele municipal, Juan Antonio Fuentes (PP) a la productora CBM, y que superaron los 540.000 euros, eran "nulos de pleno derecho". Argumentaba el informe que estos servicios excedían del importe contratado y, por tanto, carecían de crédito y soporte jurídico, lo que significa que aunque el entonces concejal firmara todos estos gastos extraordinarios, se autorizaron sin consignación presupuestaria, duplicando la cuantía con la que contaba cada año la tele municipal y que estaba fijada en 750.000 euros.

Unos años después, marzo de 2017, y con el PSOE ya en el gobierno local, se supo que esos 540.000 euros en gastos extraordinarios (que todavía están sin pagar y que la productora CBM reclama en los juzgados) eran realmente más de 800.000. De esta cuantía total, 315.00 euros los pagaron directamente las empresas municipales Inagra y Emasagra a la productora CBM en concepto de publicidad sin que este dinero pasara por el Ayuntamiento con la consiguiente fiscalización. Un convenio de 1 de julio de 2015 entre el entonces responsable de TG7 y la productora acordaba un sistema de pagos por "sponsorización" para liquidar esos servicios extra. Dicho convenio, además, no pasó nunca por junta de gobierno local.

Sebastián Pérez, entonces responsable de contratación, tiene que dar la cara"

Ayer, un informe del director general de contratación corroboró lo que los grupos municipales ya sabían. "El convenio incurre en nulidad". "No consta en los archivos de mi cargo antecedente alguno respecto al convenio que se adjunta, y no se tramitó por esta Dirección General". A partir de ahora el equipo de gobierno esperará dos informes más, el de la secretaría y otro de los servicios jurídicos, para decidir si ponen los hechos en conocimiento de la Fiscalía. Al margen de las actuaciones judiciales hay decisiones en el ámbito político que se plantearon ayer en la comisión de investigación de TG7 y que pasan por abrir un informe reservado a la que fuera directora de la televisión municipal y un expediente disciplinario a Juan Antonio Fuentes. En el primer caso, el informe reservado sería un paso previo a la apertura de un expediente disciplinario que podría terminar en una simple reprobación o en la expulsión de esta trabajadora del Ayuntamiento. En el caso de Fuentes, al ser un cargo público, el expediente podría terminar con la inhabilitación para el desempeño de cargo público.

El portavoz del equipo de gobierno, Baldomero Oliver, explicó ayer que esta decisión se pondrá en marcha sí así lo estiman oportuno el resto de grupos con representación municipal. "A mí no me hace falta ningún juez para decirme que así no se gestiona, si de aquí se derivan otras responsabilidades judiciales eso tendrá que estar avalado por los informes técnicos", dijo Oliver, quien apuntó que más allá de la responsabilidad del que fuera concejal de TG7 y de la directora de la televisión municipal está Sebastián Pérez, presidente del PP de Granada y responsable de contratación cuando se firmó el polémico convenio. "El presidente del PP debe decir si aprueba esas actuaciones y si éste es el proceder que él cree conveniente", relató el portavoz municipal.

Por su parte, el portavoz de IU en el Ayuntamiento, Francisco Puentedura, pidió que se inicien los expedientes oportunos tras verificarse que los anteriores responsables de la tele municipal se saltaron los procedimientos administrativos.

Eso sí, el informe advierte al Ayuntamiento que habrá que pagar los servicios que se adeudan para evitar un "enriquecimiento injusto del Ayuntamiento", lo que previsiblemente obligue a la ciudad a hacer un reconocimiento extrajudicial de crédito y pagar, antes o después, los más de 540.000 euros. La comisión de investigación sobre el pago de servicios extraordinarios de TG7 cerró ayer las declaraciones de los anteriores responsables y reanudará su trabajo en una próxima sesión.

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