carlos castresana fernández. abogado. fiscal del tribunal supremo en excedencia

"Hay que romper la ley del silencio de la connivencia de jueces, fiscales y políticos"

  • Como letrado de la acusación en varias causas de corrupción en Granada, ha revolucionado el ambiente judicial con un escrito en el que denuncia tratos de favor y vínculos sospechosos

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Este jurista, que fue fiscal anticorrupción y se hizo conocido por encabezar investigaciones como la del Caso Gil en Marbella o la de Augusto Pinochet, representa ahora a la formación Vamos Granada y a algunas ONG en casi media docena de casos relacionados con la corrupción política, económica y urbanística en la provincia. La mayor parte (Caso Nazarí, Casa Agreda, TG7 y Emucesa), relacionadas con el anterior gobierno municipal del popular José Torres Hurtado.

-¿Puede vencer David a Goliat con la Justicia española como herramienta?

"El Nevada gana el proceso porque los magistrados, que conocen el Derecho, no lo aplican adecuadamente"

-Sí, lo que tiene es que producirse una movilización de la sociedad civil que apoye los procedimientos en los que hay involucradas personas que son poderosas políticamente o económicamente, porque es la única manera de que los procedimientos salgan adelante. Que los tribunales tengan el respaldo, como ha ocurrido por ejemplo en el caso Gürtel, por citar uno que acaba de recibir una sentencia que marca un antes y un después. En Granada, los procedimientos de corrupción se atascan en los tribunales, las personas imputadas disponen de un gran poder político o económico y, por tanto, de un poder de influencia que sólo se puede contrarrestar con una influencia equivalente por parte de la opinión pública que reclame justicia y que permita que los tribunales resuelvan en derecho sin estar sujetos a esas influencias de los poderosos. Pero sí se puede.

-¿Es imprescindible que, como se ha visto en Gürtel, haya funcionarios o denunciantes que tengan actitudes heroicas para avanzar en estos procesos?

-No debería ser necesario. Lo es en muchos casos, pero porque los poderes alternativos, la opinión pública, los medios de comunicación, la sociedad civil no se organizan debidamente y los imputados sí se organizan. Se produce una desigualad de armas por la vía de hecho en el proceso penal, que desequilibra la situación y hace que sea muy difícil aplicar la legalidad. Quienes tienen que aplicarla se encuentran solos, sometidos a enormes presiones, y tienen que pagar un coste que normalmente afecta negativamente a sus carreras, cuando en realidad están haciendo su trabajo y cumpliendo la obligación por la que les pagan el sueldo. Los intereses generales están desprotegidos y como consecuencia de eso, quienes optan por protegerlos terminan casi convertidos en héroes, porque hacen algo contracorriente pero no debería de ser así.

-¿Deberían estar más protegidos los testigos y denunciantes?

-El derecho europeo, las convenciones contra la corrupción protegen especialmente a los denunciantes porque en la mayor parte de los casos, cuando se trata de corrupción dentro de los órganos de la administración, la información tiene que salir de dentro, que es donde está. Quien desde dentro denuncia debería estar protegido porque legalmente debería ser así y sin embargo nos encontramos con casos escandalosos como el del gerente de Emucesa, que es el denunciante de los fraudes que se estaban cometiendo y que ha resultado imputado. Cuando en realidad debería estar protegido, porque lo que exige el derecho europeo es que el que da el paso al frente de poner en conocimiento de las autoridades conductas irregulares no sólo no puede ser represaliado sino que tiene que ser proactivamente protegido.

"La Policía y la Guardia Civil son quienes reaccionan y empiezan a hacer las investigaciones que no se hacían en los años 80 y 90"

-Acaba de presentar un escrito en la Audiencia de Granada, relativo al caso de la venta de Casa Agreda, que es un misil contra algunos jueces, fiscales y abogados de esta provincia...

-Era necesario llamar la atención sobre una situación que está muy extendida, que sin embargo no se denuncia porque quienes podrían y deberían, que son los abogados de Granada, tienen condicionadas sus carreras, sus despachos, sus clientes... Y la prosperabilidad de sus casos, en los que además no se juega solo su interés profesional sino el interés legítimo del cliente, que se pone en peligro si ellos denuncian. Creo que los abogados se tienen que organizar para hacerlo colectivamente. Yo puedo hacerlo porque tengo solo unos pocos casos en Granada, porque yo resido en Madrid... No vamos a decir que poner eso de manifiesto no me vaya a afectar a mí o a mis clientes, pero lo va a hacer de una manera relativa. Sin embargo, es evidente que otros compañeros no están en la misma posición. Esa ley del silencio hay que romperla porque es imposible que los procedimientos salgan adelante si existe ese caldo de cultivo de connivencia entre jueces, fiscales, políticos, empresarios... Que hace que lo que debería ser el motor de la lucha contra la corrupción se convierta en un burladero o un obstáculo para que las causas salgan adelante. Y son circunstancias que son perfectamente conocidas, que son notorias en Granada, pero que nadie denuncia. Creo que no había más remedio. El motivo era propicio porque la otra acusación puso de manifiesto que había un trato de favor casi escandaloso por parte de un juez de instrucción con los imputados, no precisamente con las víctimas. Eso da lugar a un incidente de recusación que se resuelve con clandestinidad en la Audiencia Provincial, porque no nos dan traslado de ninguna notificación, porque no practican ni una sola prueba de las que se habían propuesto para acreditar ese trato de favor, y porque resuelven sin notificarnos.

"Quienes tienen que aplicar la ley se encuentran solos, sometidos a enormes presiones, y tienen que pagar un coste"

-¿Ha recibido algún reporte o reacción al respecto?

-Me dicen los compañeros que se ha producido un gran revuelo interno en la Audiencia. Los revuelos a mí no me interesan, lo que interesa es que se obre en consecuencia, que ese auto se anule, que se vuelva a instruir el incidente de recusación y que se instruya como es debido, dando vista a las partes. Se tienen que averiguar esas relaciones de interés que nosotros apuntamos ahí como hipótesis, porque esa es la información que nos llega. Se tiene que acreditar pero para poder hacerlo se tiene que practicar la prueba. Lo que no es de recibo es que la Audiencia diga que no se ha probado la causa de recusación... ¿Pero cómo vamos a probarla si usted no ha practicado ni una sola prueba de las que hemos propuesto? El motivo del escrito es decir, mire hay estas relaciones que se tienen que esclarecer y usted no me puede decir que se desestima la recusación porque no han probado la causa. Déjeme probarla o intentarlo.

-¿Esas trabas se han dado sólo en el caso Agreda?

-Desgraciadamente no es un caso aislado. El mismo juez que lleva esto, también lleva lo de Emucesa y tampoco se ha abstenido. Y las circunstancias de intereses cruzados están presentes en los dos. Y hay otras causas en las que la Audiencia de Granada también ha resuelto en las mismas circunstancias, con magistrados que tienen relaciones de interés con los letrados de las defensas de los acusados, y que tampoco se abstienen. La situación no está generalizada; es al revés, de hecho la mayor parte de los magistrados, de instrucción o de las Salas, hacen su trabajo de manera impecable. A veces te dan la razón y otras no, pero esas son las reglas del juego. Lo que no puede ser es jugar haciendo trampas.

-En un caso como la reciente condena a la Junta a pagar 165 millones al promotor del Comercial Nevada, ¿cómo se explica algo así a los ciudadanos?

-A mí me parece un disparate. La medida cautelar que se mantuvo durante varios años estaba más que justificada, como demuestra el hecho de que finalmente la sentencia firme fuera condenatoria. Y por tanto, no hay nada que indemnizar. Pero si hubiera algo que indemnizar, sería por un error judicial, que va por otros cauces diferentes de los que se han seguido en este caso. Esta empresa reclama la indemnización en una vía equivocada y solo gana el proceso, primero porque los magistrados, que conocen el Derecho, no lo aplican adecuadamente; y segundo, porque la Junta no se presenta al juicio. Creo que todo es completamente nulo y tiene que prevalecer la legalidad y que finalmente se considerará, no sé en qué vía ni en qué cauce procesal, que esa indemnización de ninguna manera tiene que recaer sobre los ciudadanos. Los resultados aquí se van a producir antes o después. Porque es un disparate.

-Parece que queda la vía del Tribunal Constitucional...

-Ellos (en la Junta) verán las vías que siguen, no es mi misión. De lo que sí estoy seguro es de que la reclamación que se formuló no era la adecuada. Era la de error judicial. Las cantidades que están señalando en el Ministerio de Justicia por indemnización de errores judiciales, incluso de casos muchos más graves, de gente que se ha pasado años en la cárcel, son infinitamente menores.

"En Granada, los procedimientos de corrupción se atascan en los tribunales, los imputadas disponen de un gran poder de influencia"

-¿Cree que los ciudadanos están inmunizados ante la corrupción?

-Lo que tienen es escepticismo, pero no se pueden pedir actos de fe. Hay que impulsar acciones que les permitan recuperar la confianza. Hay un gran divorcio entre los ciudadanos y las instituciones y eso es un cáncer para la democracia. La lucha contra la corrupción es en un 90% transparencia, participación ciudadana, integridad, educación, un papel fundamental de los medios de comunicación, y solo una pequeña parte, la justicia penal, que es para los recalcitrantes. Tenemos que crear las condiciones sociales y políticas para que la corrupción no sea endémica como por desgracia ahora lo es. Si conseguimos esa transparencia en la gestión de los asuntos públicos, que cada euro que sale del bolsillo de un ciudadano, mientras transita por las instituciones, sea transparente y cuando se gasta sepamos cuando y para qué, entonces quedarán unos pocos casos excepcionales y para eso será la justicia. El problema es que ahora la justicia no da abasto porque los casos son demasiados, porque hay una opacidad absoluta, porque se gasta sin tasa, porque se hacen contratos sin licitaciones, porque se hacen adjudicaciones, como en TG7, que son absolutamente oscuras... Y para esos solo queda la justicia penal. En el asunto de Casa Agreda seguimos sin saber quién es la persona que invirtió 250.000 euros desde Marruecos y el Juzgado no ha querido averiguarlo. Y no es nada complicado porque sabemos la cuenta y el banco desde el que fue enviado el dinero y evidentemente ese dinero no pertenecía a esa ONG fantasma inactiva y sin presupuesto ni patrimonio para hacer frente a una inversión como la de la Casa Agreda.

-¿Es fundamental investigar el dinero?

-Si se trata de una inversión clandestina en la que utilizas un testaferro, parece que es un indicio bien poderoso de que detrás hay un delito de blanqueo. Es un dinero oscuro que alguien no puede invertir con su nombre y apellidos a la luz, y por tanto necesita una ONG francesa para hacerlo. Eso es blanqueo, lo mismo por lo que acaba de ir a la cárcel Eduardo Zaplana, por traer dinero del extranjero de manera opaca para invertirlo aparentemente blanqueado, pero con un origen que no se puede revelar.

-¿Se abusa de la Justicia para maniobrar políticamente?

-Sí, eso ha sido una constante desde la Transición. Los partidos han colonizado la justicia y la han dejado además sin recursos económicos ni personales. Tenemos un poder judicial escuálido y muy manipulado políticamente porque el poder ejecutivo y el legislativo no quieren estar sometidos a la rendición de cuentas que en cualquier estado de derecho representa el poder judicial. En España, la independencia del poder judicial deja mucho que desear. Aunque se está produciendo en los últimos años una reacción muy positiva con la crisis económica, cuando la sociedad reclama a los jueces que les protejan frente a los abusos del poder, es que se empieza a producir esa reacción que tiene en primer lugar una manifestación clara en las fuerzas y cuerpos de seguridad. Son la Policía y la Guardia Civil quienes reciben ese mensaje, quienes reaccionan y quienes empiezan a hacer las investigaciones que no se hacían en los años 80 y 90. Y esa reacción es la que lleva después a que los jueces y los fiscales se suban a ese carro de darle a la sociedad lo que está reclamando y lo que necesita y merece. Que es poner un coto a una corrupción generalizada. Esa reacción quiero pensar que se va a producir también en los más altos niveles de la justicia.

-En Granada las decisiones judiciales ya están condicionando los procesos electorales a la vista...

-Es que los procesos electorales son el final del camino y la financiación de los partidos políticos. Todos estos escándalos de corrupción que estamos viendo, sólo en algunos casos se producen para el lucro personal de los políticos, pero el problema principal es la financiación del partido y el proceso electoral. Al final el sufragio se pervierte si metemos dinero clandestino porque no se compite en condiciones de igualdad y porque los elegidos nunca sabemos si después gobiernan en interés de los que les han votado o en interés de los que les han financiado. Y por otra parte, el delito electoral es el gran desconocido. Financiar una campaña con fondos no autorizados es delito, pero no conozco sentencias por delito electoral, y tenemos ejemplos de campañas electorales financiadas grosera y masivamente por empresas privadas. La corrupción siempre tiene dos caras, como las monedas. No es solo quién recibe los sobornos, sino quién los paga también, los corruptores. En los casos que estamos viendo en Granada, me da igual que sea Serrallo o Nazarí, ¿quién paga? A cambio de ventajas urbanísticas o de la naturaleza que sea, de contratos, de licitaciones de obras, de servicios... Pero ¿quién se está lucrando ? Y no sólo los administradores desleales de la cosa pública, son también los operadores económicos que inyectan dinero de una manera ilegal en ese sistema, en esa playa donde el agua y la arena, que es lo público y lo privado, se encuentran en la contratación.

-Hace un tiempo apareció con Jesús Candel y anunciaron acciones judiciales por la sanidad. ¿En qué ha quedado?

-Eso se lo tiene que preguntar a la Asociación, que es la que toma las decisiones. Por el momento no hay nada activado.

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