Representantes de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) se reunieron ayer frente a la Subdelegación del Gobierno de Granada para informar a la ciudadanía de la difícil situación en la que se encuentran inmersos los centros penitenciarios en España.

En el mes de mayo, ACAIP, como sindicato mayoritario en el sector de prisiones con casi el 50% del colectivo de empleados públicos penitenciarios, registró ante el Ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, el inicio de un proceso de movilizaciones.

Esta reacción surge a raíz de la "insostenible y caótica situación" que están sufriendo los trabajadores penitenciarios en los últimos años, según el delegado sindical de ACAIP Granada, Wenceslao Marbán.

La falta de personal y la masificación de internos en los centros penitenciarios desembocaron en un mes de julio convulso con distintos incidentes entre presos y agresiones a funcionarios. En Granada hay unos 300 presos de más, por lo que es una de las más sobresaturadas.

"Hemos pasado un mes de julio en Granada atroz, pero parece ser que esto no le interesa a nadie", manifestó indignado Marbán.

A día de hoy, y según Wenceslao Marbán, las estadísticas arrojan una media de un funcionario agredido por día a nivel nacional. "Con estos datos, los trabajadores tienen miedo de ir a trabajar y que les partan la cara en cualquier momento", aseguró.

Desde ACAIP tienen claro que el Secretario General de Prisiones, Ángel Yuste Castillejo, es uno de los principales culpables de esta situación. "Él mira para otro lado y los problemas siguen agravándose. Está llevando a la quiebra al Servicio Público de Instituciones Penitenciarias y por eso pedimos su cese", manifestó el delegado de ACAIP.

Esta situación está llevando a muchos empleados a pedir la Segunda Actividad para trabajar en una oficina y no realizar tareas en el interior de los centros.

ACAIP regaló chorizos con la imagen de Ángel Yuste para reclamar mejores condiciones laborales, entre las que se encuentran, la incorporación al sistema de 3.500 nuevas plazas a lo largo de los próximos cuatro años, además de las plazas de reposición anuales.

Este déficit de empleados hace que haya centros penitenciarios acabados pero sin poder abrir, como el de Archidona y módulos clausurados por no tener quién se ocupe de ellos. "Al fin y al cabo, esta situación atenta contra la propia seguridad del interno y de los funcionarios", aseguró Wenceslao Marbán.