El secretario de un Ayuntamiento es el encargado de certificar el contenido de los acuerdos del pleno o de la junta de gobierno, de las comisiones informativas así como de los decretos o resoluciones del alcalde y de los concejales. Certifica la validez del contenido de los documentos y expedientes de la entidad local y emite informes sobre si los acuerdos más importantes del municipio se ajustan o no a la legalidad. Esta retahíla de competencias convierten a esta figura, junto a la del interventor, en uno de los puestos directivos de mayor responsabilidad en un Ayuntamiento. Pero, ¿qué pasa cuando estas personas dejan su cargo?

Ayer el portavoz de IU, Francisco Puentedura, criticó que el nuevo equipo del gobierno del PSOE "en connivencia con el PP" haya blindado el sueldo de la secretaria municipal garantizándole un complemento específico de 43.000 euros que, sumados al resto de retribuciones y costes salariales harán que continúe manteniendo un sueldo cercano a los 86.000 euros aunque abandone toda esta responsabilidad y vuelva a ocupar un puesto de funcionaria en el Ayuntamiento de Granada, concretamente el de asesora del alcalde en temas jurídicos.

El portavoz del grupo municipal de IU planteó ayer al equipo de gobierno la necesidad de modificar las bases de ejecución del presupuesto para regular el complemento específico de todos los habilitados nacionales (interventor, interventor adjunto, secretario, secretario adjunto, vicesecretario, responsables de la junta de gobierno local...) de forma que se regule su sueldo cuando ya no ejercen estos cargos de responsabilidad.

La ley establece que cuando estos cargos son cesados por los distintos equipos de gobierno se les debe proporcionar un cargo en la administración donde desempeñó su trabajo y se le deban garantizar sus retribuciones básicas, entre las que no está el complemento específico. El equipo de gobierno del PSOE tuvo que modificar la RPT del Ayuntamiento para crearle un puesto a la secretaria ya que el anterior equipo de gobierno no lo había contemplado.

"Nos parece un gasto escandaloso y no justificado. Aunque es absolutamente legal deberían cambiarse las bases de ejecución del presupuesto para no mantener este blindaje a los habilitados nacionales", apuntó Puentedura.