Granada

La venta de un piso sienta de nuevo en el banquillo a Ávila Rojas

  • La Fiscalía pide para el constructor y para el empresario Andrés Liétor, también acusado en el proceso, 3 y 4 años de prisión por un presunto delito de estafa

La supuesta venta irregular de un piso de Marbella sentó ayer en el banquillo de los acusados a 2 de los imputados en la operación Malaya, los empresarios José Ávilas Rojas y Andrés Liétor, que se enfrentan a penas de entre 3 y 4 años de prisión.

En el juicio, celebrado en la Audiencia de Granada, la Fiscalía imputa un delito de estafa únicamente a Liétor, para quien pide 3 años de cárcel, mientras que la acusación particular, ejercida por el comprador inicial del apartamento, acusa además a Ávilas Rojas y al también empresario Paulino Gómez Lucio.

En concreto, esa parte imputa a Ávila Rojas una estafa, por la que pide 3 años de cárcel; a Gómez Lucio, quien compró el mismo inmueble que antes ya fue adquirido por el querellante, un delito de simulación contractual, por el que le pide otros 3 años; y a Liétor, ambos delitos, por los que solicita 4 años.

Los hechos se remontan al verano de 1998, cuando Liétor, actuando sin poderes en nombre de una empresa de Ávila Rojas (Incar SA), firmó un contrato privado con Emilio F.N., por el que se vendía un apartamento ubicado en el residencial El Dorado de Marbella. En una de las cláusulas del contrato se hacía constar que la parte vendedora se obligaba a cancelar un embargo a favor de la Agencia Tributaria que pesaba contra el inmueble por importe cercano a los 8,29 millones. Si llegado octubre de 1998 no se hubiera cancelado el embargo, el comprador, que a la firma del contrato tomó posesión de la finca, podía exigir la obligación adquirida por el vendedor o la devolución de la cantidad pagada.

Según el fiscal, en julio de 2000, Incar SA vendió en virtud de escritura pública a la mercantil CCF Comercial Financiera 21 el mismo apartamento, que a su vez en enero de 2003, en virtud de otra escritura, fue comprado por Paulino Gómez Lucio.

En el juicio, que hoy quedará visto para sentencia, Liétor reconoció que "metió la pata" al firmar "ingenuamente" que la compra inicial de Emilio F.N. se formalizaría al retirarse el embargo.

Fue este mismo acusado quien, con posterioridad, adquirió ese mismo apartamento en representación de CCF21, aunque asegura que, como esa compra se hizo de forma conjunta a otras propiedades, le fue "absolutamente imposible" saber que se trataba del mismo inmueble.

Por su parte, Ávila Rojas declaró que no tuvo conocimiento la primera venta, que no recibió dinero de Liétor y que, si hubiera tenido constancia de que el apartamento ya estaba vendido, "lógicamente" no lo hubiera puesto a la venta.

Por su parte, Gómez Lucio también sostiene que cuando adquirió la vivienda a CCF21 no sabía que ésta ya pertenecía a Emilio F.N., aunque le "incomodaba" que ese piso de estuviera ocupado.

El perjudicado, que declaró como testigo, mantiene que fue Liétor quien le ofreció la opción de firmar un contrato hasta que se resolviera el embargo, después de no haber podido hacerlo cuando pretendía la escritura, al conocer las circunstancias que pesaban contra la misma. El querellante asegura que fue en una reunión de propietarios cuando se enteró de que su casa había sido vendida a otro.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios