Puede que la Alhambra haya hecho historia turística en 2014, pero eso no la libra de la polémica. Ayer el sindicato CCOO denunció que el Patronato de la Alhambra encara la "privatización encubierta" del monumento y de otros bienes gestionados por el ente público al reducir su número de trabajadores para ceder la gestión a empresas privadas mediante subcontratas.

El sindicato aseguró que el monumento está sujeto a "mínimos" controles administrativos y destacó que cada vez existe menos personal propio, lo que favorece el incremento de subcontratas en servicios externos.

CCOO apuntó que el incremento paulatino del personal subcontratado, "que ha pasado de los 250 de 2012 a los más de 300 en la actualidad", provoca además que los trabajadores del monumento tengan contratos precarios que rebajan sus condiciones laborales y reducen sus derechos.

No fue la única polémica que surgió ayer a cargo del monumento nazarí. La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, Sandra García, reiteró ayer que la propuesta municipal de subir dos euros el precio de la entrada de la Alhambra para destinarlos al barrio del Albaicín sería "ilegal" y censuró que el alcalde, José Torres Hurtado, "demagógicamente vuelva a lanzar este tema en periodo preelectoral".

El regidor contestó entonces asegurando que la Junta de Andalucía no puede ser "más torpe políticamente" al rechazar la iniciativa municipal y recordó que "hace dos años" que la propuso. "Ésta es una de las muchas estériles polémicas que se crean en esta ciudad por eso de que la Junta de Andalucía tarda mucho tiempo en convencerse de que, cuando se opone a ayudar a la ciudad de Granada en sus competencias, está haciendo un grave error electoral", sentenció Torres Hurtado.