Lo ocurrido hace unas semanas en un instituto del municipio granadino de Guadahortuna, en el que cuatro menores -algunos de apenas 13 años- fueron denunciados tras agredir supuestamente a una docente y a un compañero de Secundaria, supuso atraer de nuevo el foco de la atención mediática sobre la violencia en las aulas. Los detalles de lo ocurrido -la edad de los implicados, la violencia ejercida sobre la profesora y su compañero- obligaron a medidas drásticas, como el internamiento en un centro semiabierto como medida cautelar de dos de los implicados. El Gobierno, a través de una respuesta parlamentaria al Grupo Socialista, ha puesto números a una realidad que únicamente parece existir cuando llega a los medios de comunicación. Según los datos del Gobierno, de enero a octubre de 2017 hubo 20 "victimizaciones por acoso escolar". En 2016 fueron 29. Y en 2015, otras 21. Es una realidad que está ahí. Desde 2012, primer año del que se ofrecen datos, ha habido 118 hechos denunciados. La respuesta del Gobierno especifica que la relación entre la víctima y el autor del acoso es "escolar" y que la edad de la víctima está entre los 6 y los 17 años, según los datos estadísticos procedentes del módulo de acoso escolar del Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC). Esta misma respuesta de la Administración central revela que entre enero y octubre de 2017 se contabilizaron 49 casos de "victimizaciones por ciberacoso" en la provincia de Granada. Esta cifra es prácticamente el doble que la registrada en 2015, cuando se tuvo constancia en el Sistema Estadístico de Criminalidad de 24 casos. En 2016 fueron 37 y, si se cuentan desde 2012 -primer año del que se ofrecen datos- se suman un total de 187 hechos. Los medios empleados en estos casos de ciberacoso fueron redes sociales, páginas de enlaces, blogs, correos electrónicos o teléfono, entre otros, según se especifica.

Los datos del Gobierno dejan ver otra cara de la violencia entre menores, la de género. En los 16 casos computados en la provincia entre enero y octubre de 2017 las víctimas tenían entre 14 y 7 años. A falta de los datos del último trimestre del año, todo indica que los números seguirán la estela de los últimos ejercicios. En 2016 fueron 22 las víctimas de violencia de género menores de edad en Granada. Y en 2015, otras 14. En total, si se suman todos los casos desde 2012, se alcanza la cifra de 90 casos de violencia de género con víctimas menores de edad.

Los niños tienen que aprender a frustrarse, a no tenerlo todo, no son el centro del mundo"

"No se puede tirar la toalla con los niños", afirmó recientemente la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, tras conocerse el caso de la supuesta violación en un centro educativo de Jaén. Sobre todo, como apuntan los expertos, porque son los adultos del futuro y hay que evitar que sigan perpetuando su figura de maltratador.

Celia Nevado es la directora de los programas de evaluación y tratamiento a menores víctimas de violencia y de intervención social y terapéutica con menores que ejercen violencia física, psicológica o sexual de la Fundación Márgenes y Vínculos. Trabajan en colaboración con la Junta de Andalucía para atender a niños con conductas violentas a partir de los 10 años. "Los estudios internacionales establecen que entre un 10 y un 20% de la violencia sexual hacia menores es cometida por otros menores", dice la especialista. Pero no siempre se ejerce de una manera consciente. "Muchos no identifican la conducta como violenta o inadecuada porque la han vivido con anterioridad, es decir, que han sido víctimas o porque no han tenido una adecuada educación afectivo-sexual y cuya única fuente de aprendizaje en ocasiones ha sido a través de las nuevas tecnologías", dice Celia Nevado. A eso se unen factores personales, como subraya la especialista, entre ellos poco control de impulsos y falta de empatía, que no sean capaces de conectar con el sufrimiento que causan en otros.

Aunque ahora se conocen más casos porque la sensibilización es mayor gracias a las campañas preventivas y a una mayor información, "este tipo de actos tienen una enorme cifra negra, muchos no salen a la luz porque los propios menores no lo llegan a identificar o porque lo asumen como una especie de juego raro que no se atreven a contar", apunta la directora de estos dos programas en esta ONG. Y habla de cuestiones a mejorar para poner freno a estas conductas. "A nivel macro habría que trabajar por una sociedad que sea más protectora de los menores de vivencias inadecuadas, un niño testigo de violencia en su casa la va a reproducir , hay que acabar con estereotipos y mensajes tolerantes con la violencia", agrega.

Y en el seno familiar, "una buena comunicación es la herramienta fundamental para la prevención, que los menores se sientan que pueden hablar de cualquier situación, que comenten lo que pasa en el colegio, lo que ven en las noticias y darles una información adecuada, hablar de la sexualidad desde que son pequeños adaptando el discurso a su edad", indica Celia Nevado, para la que también es muy importante predicar con el ejemplo y educar en valores para una buena convivencia, además de una intervención temprana "para que no se repitan estas conductas en la edad adulta".

María Teresa Salces, de la Oficina del Defensor del Menor, considera que "vivimos una nueva plaga de la sociedad moderna representada por padres permisivos, incapaces de fijar límites a la conducta de sus hijos, consentidores de sus caprichos, complacientes con sus defectos e impotentes para poner freno a sus desmanes". En esta entidad, que en 2016 intervinieron en unos 40 casos de acoso y este pasado año en una veintena. "Vivimos volcados en el consumo y el ocio e insertos en un competitivo mercado laboral donde los padres, llevados por sus exigencias laborales o por sus apetencias de ocio individual, cada vez tienen menos tiempo para estar con sus hijos y menos deseos de dedicar ese escaso tiempo compartido a ejercer su labor como padres educadores y como formadores de la personalidad de sus hijos", agrega Salces en un informe de la Oficina del Defensor del Menor. Desde la institución no se responsabiliza exclusivamente a los progenitores. También se fija en el ámbito educativo. "La escuela no debe limitar su función a la mera transmisión de conocimientos y enseñanzas a los alumnos, sino que debe asumir como propia la tarea esencial de contribuir a la formación en valores de las personas menores, complementando y reforzando la labor de las familias en este mismo ámbito", indica Salces.

Para intentar frenar el problema de la convivencia en los centros escolares andaluces, que no es tan alarmante como las cifras pueden hacer creer, el Defensor del Menor sugiere a la Administración que se incrementen los medios personales y materiales de los centros de Secundaria, que se mejore en el nivel de formación y preparación pedagógica del profesorado para poder atender a la diversidad actual, que se dote a los institutos de unos departamentos de orientación operativos y funcionales e incorporar a los centros docentes nuevos profesionales especializados en el ámbito de las relaciones humanas y en la resolución de situaciones conflictivas, tales como mediadores o trabajadores sociales, o la creación de aulas de convivencia.

Tener acceso a internet sin control parental, disfrutar de videojuegos especialmente violentos y padres sobreprotectores son algunas causas que ven los directores de instituto de la provincia al problema de la agresividad en edades tempranas. También apuntan a la "desestructuración familiar, a la falta de valores y de referentes" y critican la "cultura del móvil sin límites" por parte de los progenitores y la "poca dedicación de las familias a la educación de sus hijos".

La Administración, por su parte, cuenta con actuaciones dentro del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los centros educativos. En el primer semestre de 2017 se realizaron 1.507 servicios de vigilancia en centros por parte de la Policía Nacional y Guardia Civil.