Los trabajadores de los vertederos anunciaron el pasado miércoles, tras la reunión mantenida con los responsables de Fomento de Construcciones y Contratas, que tomarían medidas para que el Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos (Resur), dependiente de la Diputación Provincial, asuma, como pide FCC, las mejoras salariales acordadas entre las partes.

Las movilizaciones no tardaron en llegar y ayer mismo los empleados en huelga volvieron a encerrarse en la sede del organismo provincial para forzar una respuesta del consorcio, que podría terminar con un conflicto laboral que comenzó hace veinticinco días y que afecta a más de 150 trabajadores.

El presidente del comité de empresa de FCC, Antonio Jesús Jaime, explicó que el encierro en la Diputación es una medida de presión para obligar a Resur a "que dé alguna garantía" de que va a respaldar las mejoras de las condiciones laborales que ayer consiguieron pactar con los representantes de la empresa.

"Nos han dicho que están intentando arreglar las cosas, pero nosotros vamos a seguir aquí hasta que nos den una respuesta", aseguró el representante de los trabajadores, que aventuró que no creía que se produjese "ninguna novedad" a lo largo de la jornada.

Los ánimos entre los trabajadores de los vertederos de la provincia, señaló Antonio Jesús Jaime, estaban ayer bastante crispados tanto por el largo conflicto laboral como por la negativa del consorcio a asumir su responsabilidad. "Estamos muy molestos. Queremos soluciones", explicó.

Además, los trabajadores consideran que el principio de acuerdo alcanzado ayer con Fomento de Construcciones y Contratas "podría haberse producido el primer día de huelga".

Según explicó el responsable del área de Actividades Diversas de CCOO, Rafael Hueso, durante la reunión mantenida con la empresa el pasado miércoles los trabajadores aceptaron que el acuerdo no contemple el plus por transporte que solicitaban inicialmente. Además, también renunciaron a que se les mantenga el 30 por ciento por toxicidad que han cobrado en los últimos años, que se reducirá, tal y como estipula el convenio colectivo provincial, hasta el 20 por ciento.

La base del entendimiento alcanzado por trabajadores y empresa -que no firmará un acuerdo definitivo hasta no tener garantías de que Resur lo respaldará económicamente- es la aplicación de la tabla salarial contemplada en el convenio provincial, a la que, además, se sumaría la subida del IPC desde 2004.

Por su parte, la Diputación Provincial, según informó a Efe un portavoz, mantiene que se trata de un conflicto entre empresa y trabajadores y que la labor del organismo provincial pasa principalmente por la mediación.