Si en enero los diputados provinciales se convertían en los primeros representantes institucionales en declarar sus bienes, ahora tocaba el turno a la treintena de cargos de confianza de la Diputación que se ha adelantado a los de la capital y ha 'colgado' su patrimonio en internet junto al de los políticos.

En realidad, el PP condicionó su apoyo a la propuesta de Presidencia de hacer público de nuevo los bienes a que se hiciera extensible a los cargos de confianza, esto es, a aquellas personas designadas por los partidos en el gobierno provincial que ejercen su labor de forma temporal.

Aunque muchas de las áreas de responsabilidad están dirigidas por funcionarios de la casa, tanto el PSOE como IU han puesto al frente de departamentos y organismos autónomos a conocidos dirigentes políticos como son los casos de José Antonio Aparicio, director del Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (Cemci), o José Luis Hernández, ex alcalde de Guadix y anterior delegado de Justicia en Granada de la Junta de Andalucía que hoy ejerce de gerente de la empresa provincial de vivienda, Visogsa. Este último declara tres viviendas, una en Granada con un valor en el mercado de 270.455 euros, y otras dos en Almería y Guadix, con valores catastrales de 31.314 y 82.474 euros respectivamente. Refleja, por otro lado, una hipoteca de 183.000 euros y un seguro de vida contraído por importe de 42.000 euros. Aparicio, por su parte, declara su vivienda en La Zubia con un valor catastral de 92.433 euros y una plaza de aparcamiento por valor de 9.000 si bien mantiene una hipoteca de 130.592 euros.

El dirigente más representativo aupado por IU es Jorge López, actual director del área de Cultura, Juventud y Cooperación Local que dispone de un modesto patrimonio con una vivienda valorada en 37.564 euros y más de 18.000 euros en planes de pensiones y otras participaciones.

En la capital , el proceso de declaración de bienes de los cargos de confianza se ha dilatado a la espera de que los implicados puedan recurrir o presentar alegaciones. El precedente del personal de Diputación obligará a que los cargos de confianza de la capital hagan lo propio y faciliten los detalles de su patrimonio.