La conservación de los edificios históricos es obligatoria para los propietarios. Sin embargo, hay en la calle Enriqueta Lozano un inmueble que ocupa los números 1 y 3 en completo estado de abandono. Se trata de una casa-patio de la segunda mitad del siglo XVII con patio y jardín que goza del máximo nivel de protección del Plan Especial (nivel A1) y que posee numerosos elementos de interés entre los que destacan el zaguán, el patio, la escalera, el jardín, el torreón, la fachada, las columnas y las zapatas.
Sin embargo, según ha denunciado la Asociación en Defensa del Patrimonio de Andalucía, el citado inmueble está “llegando a tal nivel de deterioro que existe incluso peligro de derrumbamiento, con el consiguiente peligro para los inmuebles colindantes pudiendo incluso llegar a ponerse en peligro la integridad física y la vida de los transeúntes que pasan por delante del mismo”. A esto se suma que, según recogió Gallego Morell, el número 3 estaría asociado a la familia de Ángel Ganivet quien habría residido en esta vivienda durante su infancia y tendría recuerdos de niño de los actos de homenaje a Mariana Pineda.
Ante tal el estado de abandono, la asociación en su actividad de seguimiento de la acción urbanística de los poderes públicos de acuerdo con la legislación vigente remitió un escrito para alertar al Ayuntamiento de la situación del edificio y los riesgos que entraña. En su solicitud, a la que ha tenido acceso este periódico, la asociación insta a Urbanismo a “iniciar de oficio por parte del Ayuntamiento el procedimiento de protección de la legalidad urbanística contra la propiedad del inmueble.
Asimismo, que se dicte orden de ejecución contra la propiedad del inmueble de referencia a fin de garantizar el cumplimiento del deber normal de conservación y rehabilitación del edificio. Por último que se inicie de oficio el procedimiento sancionador.
El área de Urbanismo ya había requerido el pasado mes de marzo al propietario del inmueble para que adoptara medidas “que garantizasen la seguridad”. Dado que dichas medidas no se han llevado, en agosto los servicios técnicos municipales se personaron en el inmueble el pasado mes de agosto y presupuestaron los trabajos a adoptar mediante multa coercitiva o, si fuera necesario porque se produjera una evolución negativa, llevarlos a cabo mediante ejecución subsidiaria.
El coste total de las actuaciones estimado por los técnicos de Urbanismo asciende a más de 42.000 euros y conlleva, por ejemplo, un tratamiento herbicida contra las malas hierbas, el desbroce manual del terreno, la limpieza y traslado de escombros, la clausura de acometidas de agua o eléctricas, a lo que se suman trabajos de albañilería, pinturas, la reparación de la moldura de escayola o la restauración de la losa del balcón. También trabajos en la fachada o en la retirada de la teja árabe. El coste total de los trabajos asciende a 41.147 euros.
Dado que Urbanismo ya había advertido al propietario de la situación del inmueble, el Ayuntamiento de Granada ha considerado procedente la imposición de multas coercitivas al propietario con una periodicidad mensual y por importe del 10% del presupuesto para cada una de ellas, es decir, 4.114 euros. Asimismo, le ha otorgado al interesado un plazo de audiencia previa y vista del expediente de 15 días con carácter previo a dictar resolución administrativa imponiendo a la propiedad del inmueble multas coercitivas para instarle al cumplimiento de lo ordenado. Asimismo le ha ofrecido un plazo de diez días para presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes.
Según fuentes de Urbanismo este es el modo normal de proceder cuando un propietario deja de mantener una edificación. Si no responde lo normal es que se le empiece a obrar mediante multas coercitivas el coste de la actuación total que permitirá el arreglo de la edificación ruinosa.
En un fin de semana en que se celebra el día de las Ciudades Patrimonio Mundial conviene hacer énfasis sobre la necesidad de recuperar el patrimonio y proteger los edificios históricos de estos atentados urbanísticos. Distintos colectivos han denunciado en los últimos años el deterioro de edificaciones en el casco histórico y en los barrios patrimoniales como el Albaicín o el Realejo. Aunque las licencias de obras se han disparado por el boom de los apartamentos turísticos no se puede dejar que algunas edificaciones mueran ni tampoco convertir Granada en un parque temático repleto de pisos turísticos.
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