La Plataforma Vecinos del Realejo ha anunciado que retomará la vía penal contra las obras y licencias concedidas para la ampliación y reforma de la Sala Príncipe, y que llegarán "hasta el final" en este procedimiento.

Lo ha confirmado esta mañana la secretaria de la Plataforma, María Luisa Hernández, tras valorar la última sentencia favorable a los vecinos, por la que un juzgado de la jurisdicción contencioso administrativa ha declarado ilegal la ampliación de la sala de fiestas autorizada por el Ayuntamiento de Granada en julio de 2017 y que permitió a la empresa privada mejorar las condiciones del edificio para reactivar su calendario de eventos con un aforo mucho mayor. 

La máquina de ventilación que se ha instalado para la sala

Según la Plataforma, con esta sentencia empiezan a ver "la luz al final del túnel" de un proceso que iniciaron en 2015 por las obras en una discoteca que está "fuera de ordenación". "Hemos advertido de la ilegalidad al alcalde, al concejal y a los técnicos, hemos puesto negro sobre blanco el fraude y que se estaba dando apariencia de legalidad a lo que no tenía", asegura la secretaria. Como ejemplo, se autorizó la instalación de una maquinaria de ventilación que, según critican, en propia de aeropuertos y hospitales pero aquí está a escasos metros de las viviendas y en una calle peatonal. 

Los vecinos rechazan la actitud "incomprensible" del Ayuntamiento en este asunto y acusa al equipo de Gobierno y al alcalde de ponerse "al lado" del empresario. "Es triste que el Ayuntamiento ponga palos en las ruedas y que nos obligue a ir a los tribunales para defender nuestros derechos", matiza la secretaria.

De hecho, dicen que la semana pasada recibieron nuevos escritos "diciendo que todo era legal", por lo que también seguirán con los procedimientos judiciales recurriendo por lo contencioso esas decisiones.Tienen 10 días para poner otro contencioso.

Pero es más, aseguran que el Ayuntamiento recurrirá la nueva sentencia, por lo que informan que van a "reiniciar la vía penal". "Ya la iniciamos y hubo un sobreseimiento provisional, pero como ya tenemos dos resoluciones favorables, lo vamos a retomar", explica Hernández, alegando que las obras y licencias concedidas a la sala no son legales.  En esa denuncia penal que se puso en 2017, se investigaba al alcalde, Francisco Cuenca, su antecesor en el cargo, el expopular José Torres Hurtado, a tres concejales, una decena de funcionarios del Ayuntamiento de Granada, empresarios, arquitectos y una sociedad privada. 

"Vamos a llegar hasta el final. Hasta el Supremo, el Constitucional y Europa porque la ley y la razón están de nuestro lado", concluye.