Los vecinos del Serrallo afectados por residir en una urbanización privatizada de forma ilegal ya pueden respirar tranquilos. El Juzgado Contencioso Administrativo número 4 les ha dado la razón al considerar que las calles donde están construidas sus viviendas son de titularidad pública. Así, la sentencia a la que ha tenido acceso este diario estima que el Ayuntamiento de Granada deberá proceder a la recepción de las calles y a la prestación de los correspondientes servicios públicos obligatorios sin costas. De esta manera, según explica uno de los vecinos afectados Miguel González, se pone fin a una situación ilegal que han padecido los vecinos de esta urbanización privatizada de forma ilegal en la que cada vivienda pagaba una cantidad distinta en concepto de comunidad. En muchos casos disparatada.

El origen del conflicto arrancó en los años setenta. Según indicó González, los primeros propietarios que construyeron en estos terrenos que quedaban a las afueras de la ciudad lo hicieron como fueran de titularidad privada. Tampoco el Ayuntamiento de Granada entró a valorar si le pertenecían o no por aquel entonces.

A medida que la urbanización fue creciendo nacieron las diferencias entre vecinos que se mantienen hasta estos días. El problema estalla porque hay vecinos que pagan una cantidad irrisoria en concepto de comunidad a pesar del tamaño de sus fincas. Al tratarse de una zona presuntamente privada eran los residentes quienes debían asumir el coste de la luz, la seguridad, la limpieza de las calles, el mantenimiento de los parques o el agua que hasta el año pasado se extraía de un pozo ilegal fuera del abastecimiento municipal y al margen por tanto de Emasagra. "Se da el caso de familias que pagan cien euros con una finca de 1.000 metros cuadrados mientras que otros, con apenas 175 metros, afrontan facturas de 300 euros", puso como ejemplo González quien recuerda que durante años los vecinos afectados se conformaron con esta situación al desconocer que las calles en realidad eran de titularidad pública. Sin embargo, en 2012 iniciaron una batalla por cambiar una situación que consideran absolutamente injusta y que ha derivado en numerosas querellas, contenciosos, denuncias en una urbanización en la que viven unos 400 vecinos.

Tras años de conflicto la última sentencia, según González, pone fin a fin a esta situación porque afirma que las calles y jardines son de carácter público y que el Ayuntamiento deberá asumir los servicios". En ella se incluye además dos factores de gran relevancia. Por un lado que el PGOU de 1985 acaba con la situación de irregularidad y considera el suelo como terreno urbano consolidado integrándolo en la ciudad. Un hecho que tiempo después ratifica el PGOU de 2001. "El marco legal desde el 85 estaba perfectamente definido", remarca González satisfecho con la sentencia.

En concreto, González pertenece al Residencial Nazaríes, el último que se construyó aunque en la urbanización El Serrallo también cuenta con el Apartahotel con cerca de 200 vecinos, Comarex con una treintena o Morayma, con otros treinta.

Ahora lo que esperan los vecinos es que el Ayuntamiento cumpla la sentencia y recepcione las calles algo que en principio asumirá. Desde que se originó el conflicto el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha apoyado a los vecinos afectados antes incluso de ser el primer edil. Prueba de ello es la visita del grupo municipal socialista cuando todavía estaba en la oposición a la zona. Allí les mostró su absoluto apoyo al solicitar la apertura "inmediata" de las calles privatizadas ilegalmente en El Serrallo, una situación que según denunció Cuenca "ha provocado que el 70% de los vecinos tengan que afrontar facturas brutales que emite la comunidad de propietarios mientras que otros pagan cantidades ridículas". El ahora alcalde declaró además que la urbanización se encuentra en unas situación ridícula con calles cortadas y una falsa "privacidad". Uno hecho que ahora los vecinos esperan que se revierta con la última sentencia del Juzgado.