El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Ángel María Villar y su hijo Gorka abandonaron ayer la prisión madrileña de Soto del Real cerca de las 19:15 horas, en la que han estado durante 12 días desde que ingresaron en ella por su presunta implicación en el desvío de fondos del organismo deportivo que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Su puesta en libertad tuvo efecto después de que ayer abonasen las fianzas de 300.000 y 150.000 euros, respectivamente, impuestas el lunes por el juez instructor, pese a que el pasado 20 de julio decretó su prisión incondicional.

A su salida, Villar hizo unas "breves" declaraciones a los medios de comunicación en las que agradeció "a todas aquellas personas que han confiando, privado y públicamente" en él, en su hijo y en el vicepresidente económico y que les han "defendido". Asimismo, dio las gracias y deseó "suerte" a los presos del módulo número 1 de Soto del Real, en el que han permanecido durante estos días, "por el cariño y afecto que han tenido" con ellos.

El juez instructor dictó este lunes un auto en el que puso en libertad provisional bajo fianza a estas personas, al entender que "difícilmente podrían obstaculizar la instrucción de la causa", ya que la documentación no puede ser "alterada", ni pueden "influir" en los testigos y en el resto de investigados a los que ya se tomado declaración.

Asimismo, el magistrado señala que no existe riesgo de fuga al acordar las fianzas y otras medidas de control, ni ocultar bienes y patrimonio gracias a que sus cuentas están bloqueadas y embargadas. "Resulta oportuno modificar la situación personal" de los tres investigados, dice el juez de la Audiencia Nacional, tras haber practicado una serie de diligencias como volcado y depósito y custodia de la documentación requerida e intervenida para su análisis, así como las declaraciones de más investigados y testigos.

No obstante, Pedraz señala que siguen existiendo motivos para considerarles responsables de haber cometido presuntamente los delitos de administración desleal, apropiación indebida, estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares.