JUICIO DE LOS ERE

Dos testigos de Magdalena Álvarez culpan a Empleo de la falta de control

  • Hacienda no tenía "ninguna posibilidad de veto" sobre otras consejerías

  • Empleo prescindió "total y absolutamente" del procedimiento

El Letrado Mayor del Consejo Consultivo de Andalucía, Jose Luis Martin Moreno, durante su comparecencia como testigo. El Letrado Mayor del Consejo Consultivo de Andalucía, Jose Luis Martin Moreno, durante su comparecencia como testigo.

El Letrado Mayor del Consejo Consultivo de Andalucía, Jose Luis Martin Moreno, durante su comparecencia como testigo. / Raúl Caro / EFE

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Un testigo propuesto por Magdalena Álvarez, ex ministra y ex consejera de Hacienda de la Junta acusada en el juicio de los ERE, declaró este martes al tribunal que la dirección general de Trabajo de la consejería de Empleo prescindió “total y absolutamente” del procedimiento para conceder las ayudas. Un segundo testigo, alto cargo bajo el mandato de Álvarez, aseguró que Hacienda “no tenía ninguna posibilidad de veto ni de control” sobre el gasto de otras consejerías.

El primer testigo fue José Luis Martín Moreno, letrado mayor desde hace 24 años del Consejo Consultivo de Andalucía, quien declaró que el organismo anuló 343 ayudas de Empleo por haber omitido “total y absolutamente” del procedimiento legal. El hecho de que se utilizaran las llamadas transferencias de financiación para materializar las ayudas “no dispensa al órgano gestor” de cumplir con los requisitos legales.

Las transferencias de financiación, en sí mismas, “no tienen ninguna potencialidad lesiva” y su uso tampoco supone que haya mayor o menos control, según este testigo. “Nunca he visto que este instrumento pudiera poner en peligro las reglas o principios de la Hacienda Pública”, insistió, y añadió que “por más que se haya usado una transferencia de financiación, la resolución tenía que haber sido fiscalizada de modo previo” por la dirección general de Trabajo.

Martín Moreno aseguró también que en ningún momento percibió un intento por parte de la consejería de Hacienda o el Gobierno andaluz de reducir las posibilidades de fiscalización en las sucesivas leyes presupuestarias. 

En cambio, fue muy crítico con las ayudas concedidas por Empleo, en algunas de las cuales “ni siquiera había resolución de concesión”. Tampoco tenían un “patrón de concesión, ninguna norma reguladora que diera seguridad jurídica”, lo que daba lugar a que se produjeran “graves infracciones de nulidad”.

El interrogatorio de este testigo por parte de Alfonso Martínez del Hoyo, defensor del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, concluyó con un curioso intercambio de valoraciones entre este abogado y el presidente del tribunal, Juan Antonio Calle. Cuando Martínez del Hoyo concluyó sus preguntas, dijo al testigo: “Veo que prefiere no pronunciarse”, a lo que el juez le aclaró: “No es que no se pronuncie, es que lo ha explicado tal y como lo entiende él”

El segundo testigo fue Juan Antonio Cortecedo, que fue secretario general de Economía entre 1994 y 2002, coincidiendo con el mandato como consejera de Magdalena Álvarez. Afirmó al tribunal que la consejería de Hacienda “no tenía ninguna posibilidad de veto sobre como adjudicaba cada consejería” sus gastos porque Hacienda “no está por encima de ninguna otra consejería”.

Al igual que Martín Moreno, afirmó que cualquier subvención “debe estar sujeta a todos los controles de fiscalización” y que el modo de gestionar esas ayudas “no rebaja la obligación de fiscalizarlas”.

Tampoco detectó “en ningún órgano de la consejería ningún intento de alterar la ley para rebajar las posibilidades de fiscalización”.

Cortecedo, que también fue viceconsejero de Presidencia entre 2002 y 2009 con el procesado Gaspar Zarrías, manifestó que en los “consejillos” de viceconsejeros, preparación de los Consejos de Gobierno, las modificaciones presupuestarias eran un “asunto de trámite y no se entraba a fondo en lo que significaba el movimiento” porque se confiaba en la voluntad del órgano que lo gestionaba.

El testigo fue más contundente en cuanto al grado de conocimiento de las ayudas investigadas que tenían los parlamentarios andaluces que aprobaron sucesivas leyes presupuestarias. Como “observador” en las comisiones parlamentarias ante las que comparecían los consejeros, percibía que allí “se hacía un análisis importante del proyecto de gastos, se iba a pillar al consejero, había un debate político” y en esas comparecencias las transferencias de financiación “nunca crearon ninguna problemática o polémica”.

A una pregunta concreta del presidente del tribunal sobre el conocimiento que pudieran tener los diputados sobre el hecho de que las ayudas las concedía Empleo pero las pagaban las agencias IFA/IDEA, el testigo ha declarado que “mientras no se informe de nada, el campo está abierto. Habría que esperar a la ejecución presupuestaria”.

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