La prueba estrella de los ERE

Las defensas reprochan a los peritos judiciales que ejerzan de acusación

  • Consideran que las manifestaciones realizadas por los peritos designados por la IGAE "exceden" de lo que representa un dictamen pericial y se convierte en un "informe de parte acusadora"

Los nueve peritos durante una de las primeras sesiones del juicio. Los nueve peritos durante una de las primeras sesiones del juicio.

Los nueve peritos durante una de las primeras sesiones del juicio. / Raúl Caro/EFE

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Las chispas y los rifirrafes han terminado en una protesta formal al tribunal. Media docena de abogados defensores han reprochado este martes a los peritos judiciales de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que han realizado un informe sobre las ayudas de los ERE que  en la práctica de la prueba estén ejerciendo de acusación, en lugar de los expertos que han emitido un dictamen pericial.

El reproche ha sido planteado a modo de protesta ante el tribunal por el abogado Pedro Apalategui, que representa al ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, quien intervino después de que los peritos designados por la IGAE para el informe pericial realizaran una larga exposición sobre el que consideran uso inadecuado de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas.

El letrado de la defensa tomó la palabra para mostrar su protesta por cuanto, según ha dicho, las manifestaciones del perito Ángel Turrión, jefe de los peritos judiciales, "exceden" de los límites que deben considerarse en un dictamen pericial para convertirse en un auténtico "informe de parte, en este caso de parte acusadora", ha aseverado Apalategui.

A esta protesta se han sumado los abogados José María Mohedano, que representa al ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano y al ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, así como los letrados Encarnación Molino, Luis Aparicio, José Manuel García-Quílez y Adolfo Cuéllar, que defiende a otros ex altos cargos acusados en la pieza del "procedimiento específico" de los ERE.

Debate intenso sobre las transferencias de financiación

La sesión de este martes, cuarta desde que comenzó la prueba pericial, se inició con un intenso debate entre los peritos de auxilio judicial y los propuestos por las defensas en relación con el uso que desde la Consejería de Empleo se hizo de las transferencias de financiación al IFA/IDEA para el pago de las ayudas sociolaborales y directas a empresas.

Así, mientras que los tres peritos de la IGAE -que en realidad no actúan como interventores de la Administración del Estado-  sostienen que se hizo un uso inadecuado de las transferencias porque éstas sólo podían ser empleadas para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa pública a la que iban dirigidas, los peritos de las defensas mantienen que pueden ser utilizadas para cualquier otro destino y en este caso, el destino le venía dado por el Parlamento andaluz.

El perito Ángel Turrión reiteró que hay más de 40 normas que regulan que las transferencias de financiación sólo pueden ser utilizadas para equilibrar las pérdidas y en caso de que sobre deben ser reintegradas, y mencionó expresamente la Ley 15/2001, de acompañamiento a los Presupuestos para el año 2002, en cuyo artículo 18 se dice que las transferencias son "sólo para la cobertura" de las pérdidas. Según este perito, ese articulo no ha sido derogado "ni expresa ni tácitamente" por la ley de Presupuestos porque esa derogación expresa, ha continuado, no se ha producido hasta 13 años después, con la Ley de Presupuestos de 2014, y no hay ninguna derogación tácita de la misma porque "tiene que haber una norma o ley que diga lo contrario".

Turrión ha añadido que hay nueve informes de la Cámara de Cuentas y cinco sentencias del Tribunal de Cuentas que afirman que la finalidad de las transferencias "por imperativo legal" es la de cubrir las pérdidas y no para pagar subvenciones, algo que según el perito también avalan instrucciones de la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA). "Los tres máximo órganos fiscalizadores (Cámara de Cuentas, Tribunal de Cuentas e IGJA) todos dicen exactamente lo mismo: que el artículo 18 está vigente".

El catedrático de Derecho Financiero y Tributario Juan Zornoza, que ha elaborado un informe pericial a instancias de la defensa del ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano y del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, ironizó al referirse al artículo 18 "que tanto venera" el perito, lo que ha provocado que el presidente del tribunal le llamara al orden al entender que "sobran" los comentarios de ese tipo.

En cualquier caso, Zornoza ha insistido en que las leyes de Presupuesto establecen que las transferencias sirven para dotar de presupuestos los entes instrumentales y no para cubrir la cuenta de pérdidas y ganancias. "Creo y sigo manteniendo aunque cite tres millones de disposiciones que es la ley de Presupuestos de cada ejercicio la que regula el destino de las transferencias y lo hace sin más sometimiento que los parámetros que fijan el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española", ha replicado el catedrático.

El catedrático añadió que las sentencia del Tribunal de Cuentas citadas por Ángel Turrión dicen que se ha hecho un uso inadecuado de las transferencias de financiación en la ejecución del Presupuesto, no que las transferencias no sirvan para el pago de subvenciones, a lo que ha agregado que pretender que existe un concepto inmanente de las transferencias es "algo gravemente erróneo".

Por su parte, el catedrático de Derecho Administrativo Juan Antonio Carrillo ha coincidido en que cuando el artículo 18 de la ley mencionada establece que las transferencias servirán para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias le está atribuyendo a un instrumento una finalidad, pero "uno es la única que puede tener". El catedrático Juan Ramallo Massanet también ha señalado que dicho precepto no impide que existan otras transferencias.

El perito Ángel Turrión volvió a intervenir para afirmar que "no puede ampararse nadie en que el Parlamento modificó el sistema de concesión de subvenciones, ya que fue la Junta sin que el Parlamento interviniera ni hubiera decidido nada la que que lo hace, la que en 2002 elaboró de manera fraudulenta los Presupuestos, en el sentido de engañoso y falaz, y elevó al Parlamento un presupuesto falazmente elaborado", reiteró como ya había expuesto en una sesión anterior. Según el perito, el Parlamento fue "inducido a error porque pudo pensar que las subvenciones las iba a conceder y pagar el IFA", a lo que concluyó diciendo que "ni de lejos jurídicamente sirven las transferencias para conceder subvenciones".

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