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Tres jefes de la Policía Nacional niegan ante la juez que abusaran de su autoridad

  • El comisario Julián Márquez, número dos de la Jefatura, alega que ni siquiera conoce físicamente al oficial que lo ha denunciado por cuatro delitos

El comisario Julián Márquez entra en los juzgados este miércoles.

El comisario Julián Márquez entra en los juzgados este miércoles. / José Ángel García

Tres jefes de la Policía Nacional negaron este miércoles ante la juez de Instrucción 8 de Sevilla, Reyes Flores, que abusaran de su autoridad o amenazaran a un oficial de este cuerpo que los ha denunciado por hasta cuatro delitos (prevaricación, abuso de autoridad, amenazas y omisión del deber de perseguir delitos). Los tres mandos, entre los que está el número dos de la Jefatura Superior, el comisario Julián Márquez, han declarado en calidad de investigados.

El comisario Julián Márquez negó conocer los hechos que se le imputan y dijo que ni siquiera "conoce físicamente" al denunciante, con el que coincidió en la Brigada de Seguridad Ciudadana durante varios meses, entre diciembre de 2016 y abril de 2017. A raíz de este procedimiento, el comisario "ha podido constatar que firmó dos escritos de este denunciante, uno en el que solicitaba una compensación económica por exceso de horario, que recibió con normalidad y al que dio el cauce establecido". Según el jefe, "como la respuesta fue que no había disponibilidad presupuestaria, contestó al solicitante en esos términos".

El actual jefe regional de operaciones de la Jefatura negó que tuviera "ningún problema o incidente" con el oficial denunciante, aunque sí admitió que "le comentaron que estaba presentando los escritos solicitando permisos en la Jefatura Superior, y ello implicaba que cuando se recibían en Seguridad Ciudadana ya habían pasado varios días y a veces no se podía contestar".

El comisario alegó que la brigada cuenta con más de 500 personas que se organizan en subgrupos, por lo que muchos de estos asuntos relacionados con los descansos y la organización del servicio no llega hasta su nivel y se queda en escalafones inferiores. Márquez aseguró a la juez que "nunca le llegó ninguna queja" del resto de policías destinados en la brigada y que "es curioso" que este agente sea el único de casi 600 que "haya formulado estas denuncias".

El entonces responsable de la brigada de Seguridad Ciudadana reconoció que "es frecuente" que en este departamento "sea necesario hacer exceso de horario y por supuesto (el denunciante) no es el único afectado".

La escasez de personal

El segundo mando policial que declaró fue Eleuterio J. D. P., jefe de la unidad de Atención al Ciudadano, un departamento que depende de la Brigada de Seguridad Ciudadana compuesto por unos 160 agentes, si bien ha habido años "que tenía muchos más". Este inspector jefe aseguró que no es el superior jerárquico del denunciante porque "él tiene a su cargo diversos grupos dirigidos por un oficial cada uno, que a su vez tienen a su cargo subgrupos con un suboficial al frente". Llama la atención esta última frase, ya que en la Policía Nacional no existe la categoría de suboficial. 

El inspector jefe recordó que el denunciante estuvo una vez en su despacho "en una reunión cordial en la que recuerda que incluso le llegó a hacer algún favor", sin precisar de qué se trataba. Negó que se la asignaran servicios que no se corresponden con la categoría de oficial que tiene el denunciante y achacó esto a la escasez de plantilla

"Cuando la dotación de persona de escala básica era más numerosa, los oficiales no solían hacer determinados servicios. Actualmente en la brigada hay más oficiales que policías y, por las necesidades del servicio, se asume como normal que tengan que realizar funciones de protección cuando la unidad correspondiente no es suficiente para cubrir los servicios del día", expuso el inspector jefe.

También añadió que no se discriminó al oficial denunciante cuando se le negaron los descansos, sino que lo hizo porque por normativa no puede descansar más de un tercio del grupo en el que esté encuadrado. Dijo también que los descansos se solicitan llamando por teléfono a la secretaria de Atención al Ciudadano, mientras que el denunciante lo hacía por escrito, "lo que generaba un retraso".

El inspector jefe dijo que dio siempre el "mismo trato" en las concesiones de permisos al denunciante que al resto de agentes y negó irregularidades en las "compensaciones por exceso horario". Sin embargo, admitió que no se hacían por escrito porque "ellos compensaban el positivo con el negativo" y que a partir de esta denuncia dio "instrucciones expresas para que se aplicaran los índices correctores para así evitar problemas".

Un asterisco en el expediente

La tercera persona investigada es una inspectora de Régimen Disciplinario, a la que el oficial denunció por haberle amenazado con colocarle un asterisco (que se les pone a aquellos agentes supuestamente conflictivos para que no asciendan nunca) y con los contactos políticos que tenía el jefe de la brigada, Julián Márquez, que había sido durante dos años jefe de la unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta.

Esta inspectora dijo a la juez que sólo tuvo una entrevista con el denunciante, al que llamó a su despacho, "aunque no por el cauce formal", cuando tuvo conocimiento de que éste había presentado una reclamación por escrito después de que se le denegara un permiso. La inspectora contradijo al comisario Márquez, pues dijo que éste tenía conocimiento del escrito enviado por el denunciante.

Esta jefa insistió varias veces en que la conversación en su despacho, que está grabada, no fue en tono de amenaza sino "cordial", aunque "no recuerda exactamente las palabras que utilizó". Sobre el asterisco en el expediente, aseguró que "no es una apreciación" suya, sino que "aparece en las normativas y las convocatorias". También alegó que no respondía en plazo a los escritos del denunciante porque éstos tardaban al menos dos días en llegar desde la Jefatura a la unidad.

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