Hasta ahora habíamos conocido sus opiniones a través de los distintos autos dictados en varias macrocausas como las de los ERE o los cursos de formación, donde ha mantenido diversas controversias jurídicas con la Fiscalía y las acusaciones populares. Pero ahora ha concedido una entrevista en exclusiva para el nuevo canal jurídico Juzgado de Guardia, del Grupo Joly.

Se trata de la juez María Núñez Bolaños, que mañana precisamente cumplirá tres años al frente del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, cuya llegada supuso un auténtico cambio de timón en la investigación de las macrocausas pero, sobre todo, en la ordenación del trabajo y en la finalización de algunas de las investigaciones que había iniciado su antecesora en el juzgado, Mercedes Alaya, y que no acaban de cerrarse.

María Núñez Bolaños habla en esta entrevista precisamente del estado de las investigaciones y anuncia que está muy satisfecha con el equipo de trabajo que ha diseñado, por lo que, para pesar de algunos, seguirá al frente de las macrocausas hasta su finalización.

La juez María Núñez Bolaños (Talavera de la Reina, 1967) está de enhorabuena porque, junto a su tercer aniversario como titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, se suma el hecho de que este año cumple las bodas de plata en la carrera judicial, 25 años perteneciendo a un “colectivo de profesionales serios, vocacionales, con un sentido extremo de la responsabilidad e independientes. Es algo de lo cual me siento muy orgullosa”, confiesa.

La juez María Núñez Bolaños.

-¿Cómo marcha la instrucción de las distintas macrocausas? ¿Y la de los ERE?

-Trabajando mucho. Tengo la suerte de tener a mi lado un gran equipo de profesionales y entre todos impulsamos las diferentes investigaciones que llevamos. No es fácil por la complejidad pero entre todos avanzamos. El juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla es un buen juzgado.

-El fiscal delegado de Anticorrupción dijo al inicio del juicio de los ERE, en diciembre pasado, que de unas 270 piezas sólo se habían incoado formalmente 104 y de éstas únicamente en 35 se ha realizado alguna investigación relacionada con los intrusos, los mediadores de seguro o los “auténticos conseguidores” ¿Se puede aventurar cuándo finalizará la instrucción del caso de los ERE?

-Es imposible. Para que se entienda, es necesario tener en consideración que en esta causa se investigan todas las ayudas directas o sociolaborales concedidas por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía en una década, de los años 2000 a 2010.

Cada una de esas ayudas es objeto de análisis por la Guardia Civil del lugar de la sede de la persona física o jurídica beneficiaria: Almería, Jaén, Córdoba, etc., y los agentes elaboran un atestado sobre cada una de ellas. Aún hay ayudas sobre las que no se ha realizado el atestado y están pendientes, por lo tanto, de entrar en el juzgado.

-¿Qué puede decir de las últimas intervenciones de su antecesora y del acuerdo de la junta de jueces rechazando dichas manifestaciones?

-Poco puedo decir sobre un comunicado de un órgano al que pertenezco y en el que he participado. Quizás lo único volver a señalar que me siento muy orgullosa de pertenecer a dicho órgano, que está integrado por grandes profesionales y personas.

-Usted ha archivado algunas piezas con el argumento de que los beneficiarios de las ayudas pueden ser considerados como víctimas de la caótica gestión de Javier Guerrero más que como delincuentes. ¿Cree que la opinión pública entiende esta argumentación con la “bola” que se ha montado en torno a este caso y su comparación con otros casos de corrupción?

-Lo primero que debo decir es que estas resoluciones que usted menciona han sido objeto de recurso de apelación y que, por lo tanto, están pendientes de su resolución por la ilustrísima Audiencia Provincial de Sevilla, su Sección Séptima. Esas resoluciones que dicte la Sala las acataremos y respetaremos, como no puede ser de otra manera.

Sí le quiero decir que vivimos en un Estado democrático y de Derecho cuyo fundamento no puede ser otro que el respeto desde todas las instituciones a las resoluciones judiciales y a las normas que conforman nuestro ordenamiento jurídico.

“No sé si el público entiende las resoluciones judiciales, pero lo que sí debe entender es que las normas están para ser respetadas por todos”

No sé si el publico, en general, entiende las resoluciones judiciales, pero lo que sí se debe entender es que las normas están para ser respetadas por todos y en todos los ámbitos de nuestra vida. Y debe entender que las resoluciones judiciales aplican esas normas y deben también ser respetadas.

Es legítimo combatir las resoluciones o normas que no se ajustan a nuestro convencimiento, pero para ello deben respetarse los mecanismos legales y huir del descrédito y menosprecio a nuestro orden legal y constitucional. Transmitir lo contrario a nuestra sociedad encierra el riesgo de educar a nuestros menores en el “todo vale” y “nada ni nadie se respeta”, a ninguna autoridad, ni familiar, ni educativa, ni policial y, mucho menos, la judicial. Ellos, los menores, aprenden de nosotros y no creo que educar en la falta de respeto y desobediencia sea lo correcto.

-¿Ha pensado en algún momento cambiar de destino y dejar la instrucción de las macrocausas?

-Yo soy una profesional que por supuesto piensa en mejores destinos. Todos aspiramos a mejorar. No obstante, por el momento, no veo muchas posibilidades. En todo caso, mi juzgado es un buen juzgado, me siento muy cómoda entre su personal y no tengo ninguna prisa por cambiar de destino.