El sector audiovisual llevaba años pidiendo una actualización de las condiciones en la Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual debido a la antigüedad de la última legislación relacionada con el sector. Y es que hablamos de 2007, una fecha que no parece tan lejana, excepto si se tiene en cuenta que el ecosistema audiovisual se encuentra en constante cambio y las plataformas de streaming tienen mucho que ver.

La nueva Ley del Cine presentada por el Gobierno de España abarca todas las aristas del sector, desde qué se considera cine hasta la convivencia con las plataformas de streaming. La nueva legislación, que se aprobará en 2023, plantea la ampliación de la idea de cine incorporando series y telefilmes en la misma categoría que las películas, algo que tendría sentido debido a la convergencia entre el sector televisivo y el cinematográfico en la financiación, producción y distribución de productos audiovisuales.

"La ley aspira a recoger, entender y apoyar la cultura audiovisual en su conjunto, riqueza y diversidad, y no restringirse a una única forma de creación (la cinematográfica)", se indica en el texto respecto a la ampliación de la idea de cine. Esto claramente incumbe a las empresas que funcionan como plataformas de streaming en el país de forma muy notoria y, ojo, los cines podrían sufrir un duro revés.

Si la legislación termina saliendo adelante las plataformas como Netflix, HBO o Prime Video podrían acogerse a las ayudas a la producción sin necesidad de cumplir con una cuota de estrenos en cines, lo que haría un flaco favor a la distribución en las salas, cada vez más vacías a causa de constantes reveses como la proliferación del streaming o la pandemia.

Transparencia

Los proyectos realizados en España, tanto en fase de rodaje como prostproducción y en los que se hablen lenguas oficiales tendrán un mayor acceso a las subvenciones estatales. Pero aparece una condición que quizás no favorezca del todo a las plataformas, y es que deberían compartir con el Gobierno sus datos de audiencia, así como lo hacen las salas de cine.

Esta petición tiene un claro objetivo, "garantizar el pleno ejercicio de los derechos de propiedad intelectual por parte de sus titulares", se desgranada del anteproyecto en eldiario.es. Aunque las plataformas dan a conocer sus visualizaciones a las sociedades de gestión de derechos ahora deberán dar parte al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA). Posteriormente el organismo tendría que hacer públicos los datos de forma periódica y para ello deberán tener una fuente de información fiable sobre el verdadero éxito de las películas y series ofrecidas en plataformas de streaming.

Llegados a este punto surge uno de los eternos debates, ¿Cómo podemos fiarnos de los datos de audiencia de Netflix o Disney? Contabilizar las entradas vendidas en el cine es muy fácil, pero el comportamiento de los usuarios cuando ven películas o series desde sus casas es muy diferente.

¿Se contabilizan los visionados completos, o sólo el hecho de que un usuario pulse el play?, esta es una de las cuestiones más confusas cuando una plataforma presume cada cierto tiempo de que alguno de sus productos es el más visto con la historia, algo a lo que si se le pone atención, hacen con demasiada frecuencia debido a lo moldeable del concepto de producto más visto... ¿Más visto?, ¿Más reproducido?, ¿Con más minutos de reproducción? Nunca queda del todo claro.

Existen herramientas fiables sobre el funcionamiento del panorama de las plataformas de streaming como el barómetro TV-OTT que realiza Barlovento Comunicación de forma trimestral. Sin embargo hablamos de un método de encuesta y no de registro conciso y completo del comportamiento de los consumidores, como sí lo es el registro de las ventas realizadas en cines. Por lo que las plataformas tendrán que hacer un esfuerzo para mejorar su apartado de transparencia y el Gobierno tendrá que hacer frente a esta cuestión para que la balanza no caiga en el lado de un agente del sector en concreto.

Una ley paralela

El Ministerio de Economía se encuentra actualmente elaborando de manera paralela la Ley General de Comunicación Audiovisual. Es muy posible que esta ley también termine afectando a las plataformas, puesto que el texto impone a plataformas como Netflix la obligación de dedicar al menos el 30% de su catálogo a obras europeas y el 15% a producciones españolas, simulando el proteccionismo francés que tantos amantes y detractores acumula entre los teóricos de este tipo de políticas públicas relacionadas con la cultura.

Además, las plataformas tendrán que invertir parte de sus ingresos generados en España para producir cine o series nacionales, incluyendo obras en catalán, gallego, euskera y aranés.