Los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos (UP) han pactado, en una enmienda conjunta, registrada hoy en el Congreso, que las tiendas que comercializan perros, gatos y hurones tendrán una prórroga de un año para el cese de su actividad, una vez aprobada la futura ley de protección y bienestar animal, en tramitación parlamentaria.

La futura ley recoge que la venta de esas especies como animales de compañía sólo podrá realizarse directamente desde la persona criadora registrada, "sin la intervención de intermediarios".

"Las tiendas donde se comercialicen perros, gatos y hurones dispondrán de un plazo de 12 meses tras la entrada en vigor de esta ley para finalizar su actividad de venta de estas especies, período durante el cual no se aplicará lo recogido en el apartado primero del artículo 63 y el apartado primero del artículo 64", según las enmiendas pactadas.

Este miércoles por la tarde ha concluido el plazo de presentación de enmiendas parciales de los grupos a dicho proyecto de ley, para dar paso al debate en la Comisión competente, en este caso con competencias legislativas plenas para tramitarse urgente, con vistas a que esté aprobado antes de final de año.

Se trata de un proyecto de ley envuelto en polémica desde sus orígenes, no sólo a nivel jurídico y social sino también político, y dentro del propio Gobierno, después de que el grupo socialista presentara hace unas semanas sus enmiendas particulares, una de ellas muy criticada, para excluir a los perros de caza del texto de esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales que dirige Ione Belarra (UP)

Tanto desde Podemos como desde los grupos defensores de los animales consideran sin encaje jurídico que se proteja legalmente a unos perros sí, y a otros no, únicamente por la actividad que desempeñan.

Además de la prórroga a las tiendas de mascotas, otra de las enmiendas conjuntas PSOE-Podemos registrada hoy se refiere a la definición de lo que sería "reubicación", en el caso de las colonias felinas trasladadas a un nuevo emplazamiento condicionado a tal efecto, "con la supervisión" de un veterinario experto en medicina de colectividades y respetando el bienestar y salud de esos animales.

También los grupos que sustentan al Gobierno han propuesto que se incluya en la futura ley que el establecimiento "donde se vendan animales de compañía" tendrá "separaciones físicas entre las zonas de paso y las instalaciones de animales, de forma que restrinja al público el acceso a estos, con los que sólo tendrán contacto directo bajo la supervisión directa del personal del establecimiento".

Otra enmienda acordada entre PSOE y Podemos propone que, en los deportes cinológicos -no los cinegéticos en los que se lleva a cabo una actividad reglada de forma conjunta entre personas y perros-, se deberá preservar el bienestar del animal y los entrenamientos serán respetuosos con su naturaleza.

Asimismo se plantea la exclusión de esta ley de las especies criadas, mantenidas y utilizadas de acuerdo con el Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos (incluyendo la docencia) y los utilizados en investigación clínica veterinaria, de acuerdo con el Real Decreto 1157/2021, por el que se regulan los medicamentos veterinarios fabricados industrialmente.

En el caso de los cetáceos en cautividad, algo muy criticado por los defensores de los animales, especialmente los proyectos de granjas de pulpos, el PSOE y Podemos han pactado que a partir del 1 de enero de 2026 sólo se podrán criar y mantener cautivos en centros que puedan garantizar la idoneidad de sus instalaciones, de su mantenimiento en cautividad y de su personal para dicha actividad.