Jared Loughner perpetró el ataque en Tucson, Arizona, con un arma que lleva escondida consigo. Y su víctima, la congresista demócrata Gabrielle Giffords, apoyaba la posesión privada de armas. Arizona tiene una ley especialmente permisiva al respecto.

Fue casi como un paseo: Loghner, de 22 años, no tuvo ni un problema a la hora de hacerse con las armas con las que el sábado mató a seis personas e hirió a otras 14. Aunque al parecer estaba perturbado desde hacía tiempo, el 30 de noviembre pudo entrar tranquilamente en los grandes almacenes Sportsman's de Tucson y comprarse una semiautomática Glock 19. Y además cuatro Magazine de 9 mm, dos de ellos con una capacidad ampliada de entre 25 y 33 disparos en lugar de los 15 que permite el normal. Loughner no tuvo que esperar mucho para recibirlas. Un rápido examen por ordenador en el almacén de venta para ver si tenía algún antecedente criminal fue suficiente. Tampoco necesitaba una autorización para su posesión e incluso pudo llevar sus nuevas adquisiciones escondidas en el cuerpo.

En Arizona todo es posible. El estado tiene una de las leyes de armas más liberales del país. Cada ciudadano mayor de 21 años puede tener un arma de fuego de mano y el requisito de al menos una autorización para llevarla consigo escondida se levantó el año pasado. Para ello, la gobernadora republicana Jan Brewer firmó una ley apoyada por la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés). Arizona se convirtió así, después de Alaska y Vermont, en el tercer estado del país con una ley de control de armas más relajada. Todo el que tenga una Glock o Beretta puede llevarla casi a todas partes, incluso a restaurantes donde se sirve alcohol, con la condición de que se mantengan sobrios.

Arizona es el paraíso para los fanáticos de las armas, critican los defensores de una ley más dura. Entre ellos, el sheriff del condado de Pima, Clarence Dupnik, en cuya zona se encuentra Tucson, el escenario del ataque del sábado. Dupnik responsabiliza en parte de la laxa regulación del estado por lo ocurrido. Loughner, dijo, nunca debería haber podido comprar un arma. "Somos el Tombstone de Estados Unidos", dijo el sheriff en referencia a la ciudad homónima (que significa piedra de tumba) en Arizona, tristememente famosa por su sangriento pasado del salvaje oeste. "En qué estado más ridículo nos hemos convertido".

Y en un exportador de armas que después pueden ser utilizadas por criminales en otros estados, como comentó el diario The Washington Post citando a estadistas de las autoridades de control estadounidenses. Según sus cifras, en 2009 unas 1.640 armas vendidas en Arizona se utilizaron en escenarios de crímenes fuera de sus fronteras, lo que, según el diario, supone una media de 25 armas exportadas por cada 100.000 habitantes de Arizona. La propia Giffords apoyó vehemente en 2007 con éxito las aspiraciones a tumbar las estrictas leyes de control de armas en el estado de Washington. Al contrario que muchos de sus compañeros de partido, es una ferviente defensora del derecho a la posesión de armas reconocida en la Constitución.

Otra triste ironía: también el juez federal John Roll fallecido en el atentado abogó contra controles estrictos. Según The Washington Post, en 1994 sentenció que la vigilancia de personas prescrita por el Estado antes de la compra de armas era anticonstitucional. Pese a todo, la ley correspondiente pudo mantenerse. El diario recordó que se está intentando responsabilizar de la matanza a la ardiente retórica política. "Quizá", añade. "Pero las metáforas no matan. Y las armas sí".