El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aseguró ayer que un total de 10.937 personas han sido arrestadas en Turquía en relación con el intento de golpe de Estado que tuvo lugar el pasado viernes.

Erdogan confirmó estas detenciones en una entrevista con la televisión árabe Al Jazeera en la que analizó el fallido intento de golpe de Estado, tras el cual han sido apresados más de 6.000 militares y un centenar de policías, además de numerosos jueces y fiscales.

El jefe de Estado turco no descartó la posibilidad de restablecer la pena de muerte para castigar a los "traidores" que han participado en la intentona golpista. Lo que sí se confirmó a última hora de la noche fue el estado de emergencia durante tres meses para hacer frente a las corrientes golpistas en el país y combatir "la amenaza a la democracia". La decisión fue anunciada por el propio Erdogan, quien afirmó que esta medida busca proteger los valores democráticos.

El Ministerio de Educación decretó ayer el cierre de 626 instituciones educativas, dentro del marco de medidas para depurar la Administración y el sector público de eventuales simpatizantes del fallido golpe militar del viernes pasado.

El cierre afecta a 524 colegios privados y 102 instituciones educativas de otro tipo y se justifica en que sus responsables podrían haber cometido "delitos contra el orden constitucional", precisa la cadena CNNTürk.

Al mismo tiempo, se ha retirado la licencia educativa a 21.683 personas que trabajaban en estos centros, medida ya avanzada el martes, agrega la citada emisora.

También subió ayer de 15.200 a 21.738 el número de profesores del Ministerio de Educación suspendidos de empleo mientras se investigan sus eventuales vínculos con la cofradía de Fethullah Gülen, un predicador exiliado en Estados Unidos al que el Gobierno turco acusa de ser el cerebro del golpe.

Fuentes de la Seguridad Social turca informaron ayer de la cancelación de los beneficios sociales de Gülen, de 75 años, que lleva desde 1999 viviendo en Pensilvania y que desde hace tres años es acusado por el Gobierno islamista turco de tratar de desestabilizar el país.

Según la agencia Anadolu, también se han anulado todos los demás derechos sociales de los que pudiera disfrutar el imán. Ya con anterioridad, las autoridades habían anulado el pasaporte verde de Gülen, un documento que reciben altos cargos del Estado para poder viajar a numerosos países sin visado.

Gülen tenía derecho a su paga de jubilación como antiguo predicador en nómina de Diyanet, el organismo oficial turco para asuntos religiosos.

Según el diario Sozcü, el predicador cobraba una pensión mensual de 1.283 liras (377 euros). El último ingreso lo recibió, según esa fuente, el pasado martes, cuatro días después de la intentona golpista en la que murieron 264 personas.

La cosa no está para bromas. Una edición especial de la revista satírica turca Leman, en la que se alude al fallido golpe de Estado no llegó ayer a los quioscos al prohibir la Policía la distribución desde la imprenta.