Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entregaron ayer a tres policías y un militar a una comisión civil, en un proceso en el que también serán liberados dos políticos entre hoy y el miércoles, reanudando las entregas unilaterales de rehenes después de un año.

Los rehenes liberados son el soldado William Domínguez y los policías Walter Lozano, Juan Fernando Galicia y Alexis Torres, secuestrados desde 2007. Los uniformados fueron recibidos en las selvas del sur de Colombia por una comisión de civiles que promueven una salida dialogada al conflicto armado, encabezada por la senadora opositora Piedad Córdoba, quien en enero y febrero de 2008 recibió a otro grupo de seis rehenes.

Córdoba y otros tres representantes del grupo Colombianos por la Paz, así como tres delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), viajaron al encuentro de los rehenes en un helicóptero Cugar con siete tripulantes, facilitado por Brasil. "Están en manos de la Comisión desde las 10.00 y en este momento están volando" hacia Villavicencio (al sureste de Bogotá), dijo Ricardo Montenegro, portavoz de Córdoba.

El helicóptero salió la mañana de ayer de la ciudad de Florencia (580 kilómetros al sur de Bogotá) hacia un sitio sin precisar del departamento de Caquetá. El clima lluvioso que dominó la región retrasó la operación.

El Gobierno había suspendido las operaciones militares en una zona de Caquetá durante 36 horas, a partir del mediodía del sábado, para facilitar la entrega.

Sin embargo, un miembro de la guerrilla murió y otro fue dado por desaparecido "en enfrentamientos con el Ejército colombiano" durante estas operaciones, dijo el comandante del grupo insurgente Jairo Martínez a la cadena multiestatal Telesur. Ésta también informó sobre las "dificultades" acontecidas durante la liberación como "aviones que volaban paralelamente sobre los helicopteros de la comitiva de liberación".

Según Jorge Botero, uno de los comisionados civiles que debía recibir a los cuatro rehenes, la operación se demoró y estuvo a punto de ser abortada debido a la interferencia de militares colombianos que siguieron al helicóptero que debía transportarlos. "Ha sido toda una odisea", explicó.

Los policías fueron retenidos el 9 de junio de 2007 en una carretera de Caquetá cuando investigaban un secuestro, mientras que el militar fue capturado el 20 de enero de 2007 en un combate en esa región.

Se trata de los cautivos de menor rango y que menos tiempo han pasado en poder de la guerrilla del grupo de rehenes que las FARC pretenden canjear por rebeldes presos, algunos de los cuales llevan más de 11 años cautivos.

El cronograma prevé además la liberación hoy del ex gobernador Alan Jara y del ex legislador Sigifredo López, el miércoles. Las FARC anunciaron en diciembre estas liberaciones.

Jara, secuestrado el 15 de junio de 2001, será llevado a Villavicencio, y López, retenido desde el 11 de abril de 2002, será trasladado a Cali (suroeste), según el plan divulgado por el CICR.

Éstas son las primeras entregas tras la Operación Jaque en julio, en la que el Ejército rescató a la colombo-francesa Ingrid Betancourt, a tres estadounidenses y otros 11 rehenes, en lo que fue uno de los mayores reveses para la guerrilla marxista, que cumple 45 años en mayo.

Hace un año, tras entregar a seis políticos como un gesto hacia el presidente venezolano Hugo Chávez, las FARC advirtieron que no habría más actos unilaterales y que la suerte de los otros rehenes se negociaría con el Gobierno previa desmilitarización de un territorio en el sur del país.

Una vez concluyan estas nuevas liberaciones, la principal guerrilla colombiana (de 7.000 combatientes, según el Ejecutivo) mantendrá aún cautivos a 22 oficiales y suboficiales de la Policía y el Ejército.

"Vamos a continuar el camino del diálogo epistolar (por medio de correos electrónicos), que se fundamenta en actos y acciones humanitarias", asegura Iván Cepeda, de Colombianos por la paz.

El hecho de que los rehenes que restan en poder de la guerrilla son miembros de las Fuerzas Armadas permitiría a las FARC insistir en presentarlos como "prisioneros de guerra", según expertos en derecho internacional humanitario. La guerrilla tiene también secuestrados, según el Gobierno, a unos 700 civiles por los que exigen dinero.