El Ministerio Público pidió que el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva sea condenado a prisión, en régimen de reclusión, por el delito de "corrupción pasiva calificada", según ayer informaron fuentes judiciales.

La petición consta en documentos remitidos al juez federal Sergio Moro y corresponden a una causa penal en la que Lula da Silva es acusado de ocultación de patrimonio y otros delitos relacionados con un apartamento que sería de su propiedad pero aparece registrado a nombre de empresarios que le habrían servido de testaferros.

Lula se declara víctima de una "persecución judicial" para impedir que sea candidato en 2018

El apartamento, un tríplex situado en el balneario de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, figura en los registros como propiedad de la empresa OAS, una de las constructoras implicadas en el escándalo descubierto en la estatal Petrobras.

Lula, presidente entre 2003 y 2010 y es el político más influyente de Brasil en las últimas dos décadas, responde en tribunales en otras cuatro causas penales y la Fiscalía ha presentado una sexta denuncia en su contra por otros asuntos, en su mayoría relacionados con la trama corrupta en la petrolera. El caso relacionado al apartamento de Guarujá es el más avanzado y se prevé que el juez estará en condiciones de dictar sentencia a principios de julio.

Lula, icono de la izquierda latinoamericana, ha negado a rajatabla que sea el propietario del inmueble y se ha declarado víctima de una "persecución judicial", la cual sostiene que tiene como objetivo impedir que vuelva a postular a la Presidencia en las elecciones previstas para octubre de 2018.

La Fiscalía, sin embargo, sostiene que existen "pruebas robustas" en su contra y ha pedido que, junto con Lula, sean condenados a prisión el ex presidente de la constructora OAS Leo Pinheiro y cinco ex directivos de esa empresa.

De acuerdo a la acusación, el inmueble le habría sido entregado a Lula y su familia a cambio de maniobras que el ex presidente hiciera desde el poder para que le fueran adjudicados a OAS unos millonarios contratos de obras con Petrobras.

Según los fiscales, y de acuerdo al diario O Globo, la dificultad de obtener pruebas directas de que efectivamente el apartamento pertenecía a Lula se debe a la profesionalización del delito de lavado de dinero.

Además, se pide que sean devueltos al erario público 87 millones de reales (unos 24 millones de euros), que sería el monto que OAS habría pagado en sobornos a Petrobras.

Una vez conocida la petición de la Fiscalía, Rui Falcao, presidente del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Lula, salió a defender a su correligionario. "Es un absurdo continuar embistiendo contra alguien que no cometió algún crimen, que no tiene ese apartamento. No hay pruebas para condenarlo y ya están previendo la forma del cumplimiento de la pena", dijo.