El Tribunal Supremo de Brasil dio inicio ayer al considerado juicio del siglo en el país carioca, en el que tres ex ministros y otros 35 políticos y empresarios deberán responder por escándalos que en 2005 pusieron en jaque al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

El presidente del Supremo, Carlos Ayres Britto, declaró abierta la sesión e inmediatamente leyó los nombres de los acusados del caso referido a una supuesta red de sobornos a parlamentarios y financiación ilegal de campañas políticas.

Tras esa lectura, el abogado Marcio Thomas Bastos, defensor de algunos acusados y ministro de Justicia en el Gobierno de Lula (2003-2011), solicitó al tribunal que juzgue a cada uno de ellos de forma individual y no en grupo, como se propone el Supremo, lo que comenzó a ser debatido por los jueces.

Entre los acusados hay miembros del Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenecen Lula y la actual presidenta brasileña, Dilma Rousseff, y de otras formaciones de la actual coalición de Gobierno. El caso estalló en 2005, cuando el entonces diputado aliado Roberto Jefferson (PTB, Partido Laborista Brasileño, centro), molesto por una mala repartición del poder, reveló un esquema de corrupción en el PT.

Entre los procesados también hay tres ex directivos del Banco Rural (privado) y otro del Banco do Brasil (público), tres agentes del mercado financiero, un ex funcionario del Ministerio del Trabajo y ocho empresarios del ramo de la publicidad.

El Supremo prevé que el proceso tendrá al menos quince sesiones y la sentencia se espera para mediados de septiembre.