Los diputados franceses adoptaron ayer una proposición de ley que prevé multas de 1.500 euros para los clientes de prostitutas, siguiendo la doctrina marcada en 1999 por Suecia, el primer país en adoptar esta legislación.

Se trata de la medida central de un texto que persigue combatir el proxenetismo y contribuir a la protección de las mujeres que se ven obligadas a ejercer la prostitución por la fuerza de la violencia o las carencias económicas.

La ley, que debe abordar su examen en el Senado antes de junio, fue aprobada en la Cámara Baja por 268 votos a favor, esencialmente de los socialistas y sus aliados del Frente de Izquierdas. En contra votaron 138 parlamentarios, mientras que se abstuvieron 79, signo de la división que la ley despertó en la oposición conservadora de la UMP, en los centristas y en los ecologistas, aliados del Gobierno.

La ley supone un cambio de doctrina en Francia, que desde 2003, aunque no consideraba ilegal la prostitución, perseguía a las meretrices que se ofrecían en la calle y las castigaba con dos meses de cárcel.