Varias organizaciones estadounidenses han publicado cientos de páginas de documentos revelando de nuevo la implicación del Pentágono en los excesos de la guerra contra el terrorismo de George W. Bush y alimentando el debate sobre la búsqueda de responsabilidades penales.

Tras más de cuatro años de esfuerzos jurídicos, el Centro para los Derechos Constitucionales, Amnistía Internacional y el Centro por los Derechos Humanos de la Universidad de Nueva York obtuvieron cientos de páginas de documentos oficiales gracias a la ley estadounidense sobre libertad de información (FOIA).

Estos documentos confirman la existencia de prisiones secretas de la CIA en Iraq y Bagram, en Afganistán. También muestran los lazos del Pentágono con la CIA en el programa secreto de detención, transferencia y tortura, del cual el ex presidente estadounidense George W. Bush reconoció la existencia en 2006.

Por ejemplo, el Pentágono no registraba a sus prisioneros para que un tribunal militar decidiera si su detención era legítima hasta 14 días después de su arresto, dejándoles en un vacío jurídico durante ese tiempo.

Por otra parte, según un correo interno fechado el 17 de febrero de 2006, una transferencia de detenidos a la prisión de la base naval de Guantánamo fue retrasada 45 días hasta que "las cosas se calmen". A propósito de ese correo, un portavoz del Pentágono, Jeffrey Gordon, estimó el jueves que esto "no corresponde a la política oficial del Departamento de Defensa", ya que forma parte de un proceso de comunicación interna.

Durante una conferencia de prensa, las tres organizaciones recordaron que estos documentos no eran más que "la punta del iceberg".

"Queremos saber quién sabía qué de este programa y cuándo; quién autorizó qué y cuándo, y queremos también saber quién desapareció en el marco de este programa", declaró Margaret Satterthwaite, directora del Centro para los Derechos Humanos de la Universidad de Nueva York.

Por su parte la ACLU, organización de defensa de las libertades civiles, obtuvo, también por la ley Foia, documentos que atestiguan la existencia de investigaciones del Departamento de Defensa sobre torturas, malos tratos y a veces muertes de detenidos durante interrogatorios en Bagram y en varias prisiones de Iraq.

El comportamiento del personal militar era "claramente excesivo y no conforme a las reglas de interrogatorio en vigencia", asegura el Pentágono en un informe.

Estas revelaciones, que se suman a varias ya conocidas, surgen cuando un sondeo publicado el jueves en el periódico USA Today muestra que dos tercios de los estadounidenses están a favor del inicio de una investigación criminal, realizada por una comisión independiente.

Se trata de determinar responsabilidades en el seno de la Administración Bush en la práctica de tortura, las escuchas telefónicas sin autorización judicial tras los atentados del 11 de setiembre de 2001 y sobre la utilización del Departamento de Justicia con fines políticos.

"Si se cometieron crímenes, y hay abundancia de pruebas, entonces las personas que cometieron esos crímenes deberían ser llevados a la Justicia, es tan simple como eso", estimó Michael Ratner, presidente del Centro para los Derechos Constitucionales en un comunicado.

El lunes, el presidente estadounidense Barack Obama repitió a la prensa: "Mi posición general es decir que hay que pasar esta página".