PP y PSOE defendieron ayer las nuevas medidas contra el terrorismo que serán introducidas en la reforma del Código Penal como una cuestión de Estado y de ahí que su negociación se vaya a realizar al margen de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley, pese a las críticas de otros partidos.

Fuentes parlamentarias informaron a Efe de que el Gobierno mantendrá a mitad de la próxima semana reuniones de máximo nivel con el PSOE para tratar sobre las futuras medidas antiterroristas, antes del debate de la reforma del Código Penal en la Comisión de Justicia del Congreso, fijado para los días 15 y 16.

En la tramitación del Código Penal, el PP ha introducido un bloque de enmiendas que buscan adaptar la regulación a las nuevas formas de terrorismo de corte yihadista, que en opinión del PSOE exige una negociación separada de la reforma al tratarse de una cuestión de Estado.

En declaraciones a los medios, el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Alfredo Prada (PP), explicó que el Grupo Popular pretende introducir nuevas medidas "sensatas y de sentido común" en la lucha contra el terrorismo, "ajustadas a la necesidad real" de seguir luchando contra este fenómeno.

El portavoz adjunto del PSOE en la Comisión de Justicia del Congreso, Antoni Such, ha subrayado a los medios "la lealtad absoluta" de su partido con el Gobierno "esté quien esté" en la lucha antiterrorista.

Sin embargo, otras fuerzas parlamentarias como la Izquierda Plural han criticado la negociación separada de este asunto, ya que "no introduce más que confusión y oportunismo". "Si ahora ha habido un atentado habría que avanzar en las reformas que haya que hacer de una forma consciente y pausada, racional, no de una forma precipitada y chapucera", manifestó el portavoz de Justicia de la Izquierda Plural, Gaspar Llamazares.

El Gobierno, a través del Grupo Popular, propone un paquete de 12 medidas en el futuro Código Penal con las que pretende plantar cara el terrorismo yihadista. Se incluyen, informa Europa Press, conductas como las del lobo solitario, el combatiente retornado, se castigará el adoctrinamiento pasivo y la autorradicalización por medio de las webs, así como el desplazamiento a lugares en conflicto que estén controlados por grupos terroristas, que estará castigado con penas de entre uno y ocho años de cárcel.