El 22 de julio de 2002, un F-16 de la Fuerza Aérea israelí lanzó una bomba de una tonelada en un barrio densamente poblado de Gaza. Con ello, no sólo mató a Salah Shehade, uno de los máximos líderes de Hamas y responsable de atentados suicidas en Israel, sino también a 14 civiles palestinos, en su mayoría niños.

Éste es el ataque por el que el juez Fernando Andreu de la Audiencia Nacional española decidió el 29 de enero imputar al entonces ministro israelí de Defensa, Benjamin Ben Eliezer, y otros seis jefes militares por un presunto crimen de lesa humanidad. La decisión de la Justicia española desató las críticas del Gobierno del primer ministro Ehud Olmert.

Pero lo cierto es que la "ejecución selectiva" de Shehade y sus fuertes "daños colaterales" fueron en su día la causa de un movimiento de objeción de conciencia hasta ahora único en la Fuerza Aérea israelí. En septiembre de 2003, 27 pilotos firmaron un manifiesto rechazando participar en misiones en los territorios ocupados.

Todos fueron expulsados. Y hoy el organizador de la acción, Yonatan Shapira, se muestra satisfecho de que la Justicia española haya decidido investigar el ataque. "Creo que le dimos a la Justicia israelí todas las oportunidades para afrontar el caso e investigarlo. Han pasado siete años y no se ha hecho justicia. En su día presenté junto con otros ex pilotos, profesores, escritores e intelectuales una petición ante la Corte Suprema para que se investigue el caso, y no se hizo", asegura.

En el momento del asesinato de Shehade, Shapira era oficial reservista en una unidad de helicópteros Black Hawk que realizaba misiones de rescate en los territorios palestinos. Es hijo de piloto de guerra y, con su objeción de conciencia, además de poner fin a 11 años de carrera en la Fuerza Aérea, perdió su trabajo en una aerolínea israelí. Hoy es piloto en una compañía estadounidense.

Según Shapira, a Shedahe lo mataron por la noche, cuando estaba durmiendo en su casa con su mujer y sus hijos e hijos de los vecinos de alrededor, lo que provocó la muerte a nueve niños, algunos de ellos bebés. "El daño colateral fue enorme, aunque sea algo pequeño si se compara con lo que ha ocurrido hace semanas en Gaza", afirma.

"Cuando supuestamente tratas de proteger a tu gente matando inocentes, estás perpetrando un ataque terrorista. Y al igual que estoy en contra de los ataques terroristas palestinos, estoy en contra de los perpetrados por mis amigos de la Fuerza Aérea. No se puede justificar proteger a civiles matando a civiles", dice. "De igual manera que estuvimos y estamos llenos de ira porque el mundo guardaba silencio mientras nuestras familias eran asesinadas en Europa, tenemos que enviar a los líderes israelíes el mensaje de que ya basta, de que hay un final a este círculo de locura y violencia".

Shapira señaló que el ataque de 2002 en Gaza fue significativo porque en su día generó mucha publicidad en Israel, pero estimó que "por desgracia, la mayoría de los pilotos que han combatido en Gaza o el Líbano en 2006 están implicados en crímenes similares o peores que el ataque a Shehade".

El piloto explica que durante años se sintió "confundido y conmocionado" por la violencia palestina y estaba implicado en prestar ayuda a las víctimas israelíes de los atentados suicidas, que dejaron cientos de muertos en la segunda Intifada, en 2000. "Pero luego vi la violencia cometida por nosotros. El ataque contra Shehade fue como un martillo en mi cabeza, cuando vi los daños y los bebés muertos y escuché la reacción de los líderes militares y políticos. El comandante de la Fuerza Aérea, Dan Halutz, dijo que el ataque había sido ejecutado perfectamente y deseó a sus pilotos que durmieran bien esa noche. Ahí me desperté y empecé a organizar la carta de protesta".

Shapira afirma que organizar la firma del texto llevó meses y asegura que, pese a que sólo la firmaron una treintena de pilotos, otro centenar estaba al tanto de la acción. "Aunque no firmaron por miedo o al considerarlo una medida demasiado radical, todos guardaron el secreto", dijo.

Todos los firmantes fueron expulsados, pero no hubo represalias legales contra ellos. "Nosotros dijimos que nos podían demandar y llevar a la cárcel si lo que nos negamos a hacer es legal. Pero para ellos hubiera sido un error llevar el asunto a los tribunales y darnos esa publicidad gratis. Por eso, nos enviaron a casa sin más".