La guardia costera griega llevó a cabo ayer una operación de rescate de una embarcación con cerca de 700 migrantes, a la deriva a 85 kilómetros al sur de la localidad cretense de Kalí Limeni, en la que recuperó nueve cadáveres y salvó hasta el cierre de esta edición a 340 refugiados. Los guardacostas griegos aseguraron a Efe haber hallado por el momento nueve cadáveres, que 340 migrantes ya están a salvo y que las buenas condiciones meteorológicas ayudaron en las tareas de rescate del barco, que se hallaba en aguas internacionales.

En la embarcación, de 25 metros de eslora y que según las autoridades podría tratarse de un barco de pesca, había entre 600 y 700 migrantes. Además de dos barcos enviados por los guardacostas helenos, cinco embarcaciones civiles más que se encontraban en la zona ayudaron en las tareas de salvamento, para las que Grecia desplazó un helicóptero Super Puma y un avión. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el barco salió de Alejandría, en Egipto.

Con este caso son ya tres los rescates contabilizados esta semana en la ruta que conecta el norte de África con la isla de Creta, aunque en los dos casos anteriores se sabe que el destino era Italia. La OIM ha detectado en las últimas semanas un incremento de la actividad en la ruta del Mediterráneo central, que une África con Italia, y un descenso en las llegadas a Grecia.

A pesar de que el acuerdo entre la UE y Turquía ha frenado estas últimas, no las ha detenido completamente y en las últimas 24 horas llegaron a Grecia 152 refugiados, la mayor parte a Quíos.

La tensión creciente en los campamentos de refugiados de las islas del Egeo oriental, en gran parte por el retraso en el examen de las demandas de asilo que hace que miles de refugiados vivan en las islas sin derecho de abandonarlas, genera enfrentamientos entre migrantes de nacionalidades distintas casi a diario.

El ministro de Migración griego, Yanis Muzalas, defendió su gestión de la crisis de refugiados y prometió que antes de finales de septiembre los migrantes que permanecen en el país serán repartidos en nuevos centros, de mejor calidad, basándose en criterios geográficos y de población. Hasta ahora las condiciones de los centros helenos han sido denunciadas por organizaciones.

Por otro lado, Amnistía Internacional denunció ayer en un informe que Turquía no es un país seguro para los refugiados, por lo que exige a la Unión Europea que paralice el "ilegal" acuerdo para devolver a solicitantes de asilo a ese país. Para esta ONG, el pacto alcanzado el pasado marzo entre Bruselas y Ankara "no es sólo ilegal, sino inadmisible", dados los defectos que se enumeran en su informe No es un refugio seguro.

"El acuerdo UE-Turquía es temerario e ilegal. Las conclusiones de Amnistía Internacional desenmascaran la idea ficticia de que Turquía puede respetar los derechos y cubrir las necesidades de más de tres millones de solicitantes de asilo y refugiados", asegura John Dalhuisen, director para Europa y Asia Central de esta ONG.