Los gobernantes de los países de la UE prometieron ayer ocuparse pronto del problema de la integración de los gitanos tras un agrio enfrentamiento interno que eclipsó la agenda de una cumbre con la que querían presentarse más unidos ante el mundo.

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, y el de la Comisión de la UE, el portugués José Manuel Durão Barroso, mantuvieron ayer ante sus colegas un enfrentamiento dialéctico inusitado a propósito de las expulsiones de gitanos rumanos y búlgaros de Francia.

A decir del primer ministro búlgaro, Boiko Borisov, el intercambio llegó a ser "violento", aunque ningún otro participante se atrevió a calificarlo así. La canciller alemana, Angela Merkel, se limitó a reconocer que los gobernantes comunitarios, reunidos para abordar cuestiones de política exterior, "no ahorraron palabras" cuando surgió la cuestión de los gitanos.

Sarkozy desmintió, sin embargo, haber mantenido un enfrentamiento verbal con Barroso. "Mi deber como jefe de Estado" era "defender a Francia". "Si alguien ha mantenido la calma ése he sido yo", dijo a los periodistas.

Sólo las disculpas de la vicepresidenta y comisaria de Justicia Viviane Reding permitieron rebajar un poco la tensión entre París y Bruselas. Pero las espadas seguían en alto porque, como recordó Barroso a los medios, la Comisión "va a cumplir enteramente su papel" y va a investigar si el Gobierno francés ha violado las leyes europeas que protegen la libertad de circulación y prohíben la discriminación por razones étnicas.

La clave está en una circular ministerial, cuya existencia el Gobierno francés ocultó a Bruselas, en la que se señalaba claramente a los campamentos de gitanos como objetivo de la represión policial.

La noche del miércoles, Reding tuvo que retractarse de sus palabras, que sugerían un paralelismo entre las expulsiones de gitanos de Francia y las deportaciones de la Segunda Guerra Mundial.

Todos los líderes europeos, incluido el propio Barroso, consideraron ayer los comentarios de Reding "exagerados". Y "tomaron nota" de la declaración de Barroso "en nombre del Colegio (de comisarios)" en la que "se distancia de las afirmaciones de la comisaria".

Según el resumen ofrecido al final del encuentro por el presidente permanente, Herman van Rompuy, los Veintisiete llegaron ayer a otros puntos de consenso en relación con la polémica.

Así, todos reconocieron, como defendía el Gobierno francés, que "un Estado miembro tiene el derecho de tomar medidas para hacer respetar el estado de derecho en su territorio". Pero, al mismo tiempo, como insistía Barroso, recordaron que "la Comisión tiene el derecho, e incluso el deber, de velar por el respeto del derecho comunitario por los estados miembros".

Además, los gobernantes subrayaron que "la regla esencial en las relaciones entre los estados y la Comisión es el respeto mutuo" y que "la prohibición de toda forma de discriminación sobre la base de la nacionalidad o la etnia constituye un elemento fundador de la UE".

El "consenso" permitió a Sarkozy comentar en rueda de prensa que Francia continuará desmantelando "todos los campamentos ilegales" del país. "Queremos el desmantelamiento de todos los campamentos ilegales, sean quienes sean los que están en ellos", explicó, insistiendo en que rechaza "la instalación a las puertas de nuestras ciudades" de este tipo de asentamientos "degradantes tanto para quienes viven en ellos como para los vecinos".

Este enfrentamiento eclipsó el resto de las conclusiones de la cumbre. Los europeos avanzaron, en la reflexión sobre cómo coordinarse en política exterior para definir y defender mejor sus intereses ante el mundo. Cuando Europa empieza a poner en marcha los pilares de su futuro servicio diplomático, los gobernantes se comprometieron a fijar posiciones claras antes de cada cumbre bilateral con un país tercero, especialmente las que celebran con sus "socios estratégicos", de forma que los nuevos representantes (Van Rompuy, Barroso y Catherine Ashton) puedan defender el interés de todos con eficacia.