El Consejo de Ministros de Marruecos, presidido por el rey Mohamed VI, aprobó la nueva Constitución del país, cuyas líneas principales han sido presentadas por el monarca en un discurso dirigido a la nación.

El 9 de marzo, el monarca anunció "una reforma constitucional profunda", pero el Movimiento 20 de Febrero, que ha protagonizado las manifestaciones pro reformas en el país, tachó de "insuficiente" el anuncio y reivindicó que una Asamblea Constituyente elegida democráticamente redactase la nueva carta magna.

El borrador, facilitado anoche a los partidos políticos y sindicatos señala que la persona del Rey es "inviolable" en lugar de "sagrada", como era el monarca desde la primera constitución del año 1962. Sin embargo, el monarca mantendrá su estatus de "Comandante de los Creyentes" como líder religioso de la comunidad musulmana marroquí.

El texto indica también que el primer ministro se convertirá en "presidente del Gobierno" y así pasará a ser designado. Este gozará de "amplias competencias" y propondrá al monarca a los altos cargos de la administración y a los gobernadores civiles que representan al Estado en las diferentes regiones, pero será el rey quien deberá aprobar estos nombramientos. En la Constitución actual de Marruecos, establecida en 1996, todas estas competencias habían sido atribuidas al monarca.

La nueva carta magna consagrará que Marruecos es "un Estado musulmán", una demanda reclamada con insistencia en los últimos días por los islamistas. Respecto al Parlamento, la Cámara de Representantes (cámara baja) conseguirá un mayor poder legislativo, mientras que la Cámara de Consejeros (cámara alta) mantendrá su naturaleza como institución de representación de sindicatos y comunidades territoriales. El texto agrega que si un diputado de cualquiera de las los dos cámaras cambia su pertenencia política durante el mandato legislativo, perderá su calidad como miembro del Parlamento, en un claro intento de acabar con el transfuguismo dominante en la escena política marroquí.

La nueva carta magna, compuesta de un preámbulo y 180 artículos -frente a los 108 que tenía hasta ahora-, reconoce también al "amazigh" (bereber) como idioma oficial. En este aspecto, los islamistas no han conseguido imponer su visión arabizante de la sociedad. Por otro lado, se creará un Consejo Supremo de Seguridad, que reservará al monarca el control efectivo sobre las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad del Estado y que también estará formado por el presidente del Gobierno, los presidentes de las dos cámaras del Parlamento, los jefes de los cuerpos de seguridad y representantes del Ejército.

Asimismo, el borrador estipula por primera vez que la Justicia es un poder independiente y se creará un nuevo Consejo Supremo del Poder Judicial, presidido por el Rey, encargado de velar por la independencia de los jueces. Mientras, organismos como el Consejo Nacional de Derechos Humanos, la Instancia Central marroquí de Prevención de la Corrupción o el Consejo Superior de Ulemas han quedado "constitucionalizadas" junto a otras cinco nuevas instituciones en la carta magna. Otra de las novedades, es que la Constitución otorgará a la comunidad marroquí residente en el extranjero el derecho a voto y a presentarse a las elecciones.

Analistas y observadores han pronosticado que el Rey ha anunciado la fecha del referéndum constitucional para el próximo 1 de julio, mientras que otras voces indican que se pospondrá. También está previsto que en su alocución Mohamed VI pida a todos los marroquíes el voto afirmativo en el referéndum sobre la Constitución.

Pese a ello, las voces más críticas en Marruecos ya se han apresurado a descalificar el método seguido por el Rey para elaborar la reforma constitucional y el fruto de esas enmiendas. "Hay avances globales sobre la arquitectura constitucional del país, pero queda fuera de la demanda de una monarquía constitucional", explicó el economista Fuad Abdelmumni, de la Coalición por una Monarquía Parlamentaria Ahora.

Abdelmumni, uno de los intelectuales de oposición más reputados del país, subrayó que "el poder quiere ir rápido en el proceso del referéndum para que baje el tono de las reivindicaciones democráticas, pero a corto plazo habrá un recrudecimiento de las demandas, y la herencia del Movimiento 20 de Febrero será una clave esencial".