Los sindicatos británicos exigieron ayer al Gobierno que endurezca la normativa que regula la contratación de trabajadores extranjeros, después de que las protestas convocadas en la industria energética por el reclutamiento de mano de obra en el extranjero se hayan extendido por todo el país y amenacen con ampliarse a otros sectores como el de la construcción.

La raíz del problema radica en el temor de los ciudadanos por el futuro laboral, cuando la tasa de paro alcanza ya el 6,1% y son cerca de dos millones las personas que se encuentran sin empleo en Reino Unido. Una preocupación que el propio primer ministro, Gordon Brown, dijo "entender", pero subrayó que la cadena de huelgas promovida a raíz del paro en la tercera refinería de las islas es "contraproducente".

La protesta tiene su origen en la contratación de 400 trabajadores italianos y portugueses para llevar a cabo la construcción en Lindsey de un proyecto subcontratado por la petrolera Total a otra compañía, la italiana IREM. Total insiste en que no discrimina a los ciudadanos británicos.

Sin embargo, los trabajadores continúan con las protestas en las que han apelado a la reacción del Gobierno con las propias palabras de Brown, a quien recuerdan la consigna capital trabajos británicos para los trabajadores británicos, reivindicada por él mismo en el Congreso anual Laborista de 2007, tres meses después de mudarse al número 10 de Downing Street.

El mandatario ve así cómo sus recientes apelaciones a la comunidad internacional para evitar el proteccionismo como reacción a la crisis económica encuentran contestación en la política doméstica con demandas que exigen garantías para la fuerza de trabajo interna y atacan el concepto de una Unión Europea sin fronteras económicas y basada en el liberalismo.

Así, los sindicatos han reprobado la aplicación de la normativa comunitaria que rige sobre los empleados desplazados y algunos como GMB, que representa a 600.000 trabajadores, ha pedido al Gobierno que "asuma el consejo de la Eurocámara y presione a la Comisión Europea para que corrija esta interpretación".

Esta ley, aprobada en 1996, no cubre a los profesionales de un país de la Unión Europea que van a trabajar a otro como empleados, sino formando parte de una externalización de servicios para un trabajo concreto. El Gobierno británico, por entonces conservador, fue el único que en Bruselas votó en contra del texto en base a la consideración de que los términos incluidos dañaba a las compañías de las islas y dificultaría el crecimiento del mercado interno.

Además, la situación se agrava para Brown debido al papel fundamental que los sindicatos representan en el aparato laborista, en el que gozan del tercio de una influencia que podrían dirigir en contra del mandatario, de nuevo en caída en los sondeos tras los indicios de recuperación que llegó a protagonizar en el último trimestre de 2008 por su gestión de la crisis económica.

Pese a ello, ante la cadena de apoyos que la huelga de la planta de Lindsey ha ido sumando, el primer ministro advirtió de que "una huelga no oficial es una manera contraproducente de resolver problemas que pueden ser, de hecho, resueltos a partir de la discusión y la negociación entre las partes".

No obstante, la cadena de huelgas continúa ganando apoyos desde el pasado viernes en convocatorias controladas por importantes dispositivos de las fuerzas de seguridad que, según los participantes, recuerdan a los conflictos laborales de la década de los 70, durante la que los trabajadores británicos protestaron reiteradamente en las calles para resolver las disputas contractuales.