El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado la entrega temporal a Estados Unidos del ex viceministro de Energía de Venezuela N.G.V. para que sea juzgado en relación con el supuesto pago de sobornos para la obtención de contratos en la compañía petrolera estatal PDVSA y el blanqueo del dinero obtenido.

En un auto, el magistrado acuerda la entrega durante el tiempo "imprescindible" para su enjuiciamiento en Estados Unidos y, en todo caso, en el plazo de máximo de seis meses a contar desde la entrega efectiva. Advierte de que si fuera necesaria su presencia en España antes de la finalización de dicho plazo debe existir un compromiso expreso de las autoridades americanas para devolverlo en un mes.

Moreno accede así a la entrega temporal tras levantar la suspensión de la extradición a Estados Unidos que ya se había acordado y que se había dejado en suspenso por tener causas abiertas en España, en un juzgado de Instrucción de Madrid y en el propio Juzgado Central de Instrucción 2 (caso Duro Felguera). Ambos órganos judiciales han expresado que no tienen inconveniente a la entrega temporal, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha informado a favor y el propio reclamado se había opuesto.

La solicitud americana, procedente del tribunal de Distrito Sur de Texas, señala que el exviceministro venezolano será juzgado por delitos de conspiración para comer blanqueo de dinero (con una pena máxima de 20 años de prisión), conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero (con una pena máxima de 5 años) y blanqueo de dinero (cuya pena prevista es de 20 años).

Los hechos que sustentan la petición relatan que el exdirigente, pese a que ya no trabajaba para el gobierno venezolano en el momento de la llegada de la crisis de liquidez, continuó ejerciendo una influencia considerable dentro de PDVSA y estuvo asociado “estrechamente” con otro número de personas clave que trabajaban en la petrolera, sus subsidiarias y otras agencias del gobierno.

Alrededor de 2011, "participó en una conspiración" con un grupo de funcionarios de alto nivel de PDVSA y sus subsidiarias, a lo que se refería como el "equipo administrativo". Ese equipo, siempre según la solicitud americana, solicitó a vendedores de PDVSA, entre ellos vendedores residentes en Estados Unidos y con negocios constituidos y con sede en este país, "sobornos y mordidas a cambio de proporcionar asistencia a esos vendedores en conexión con sus negocios en PDVSA".

Posteriormente, junto con sus cómplices blanquearon las ganancias de los sobornos a través de una compleja serie de transacciones financieras y para ello abrieron cuentas bancarias con el fin de canalizar las dádivas, que no eran transferidas directamente a los funcionarios de PDVSA sino a compañías, intermediarios, familiares, amigos acreedores y asociados personales "con el fin de disimular la índole, la fuente y la titularidad de los pagos de soborno".

Según la documentación de Estados Unidos, el exdirigente venezolano era firmante en una cuenta suiza a la que llegaron más de 27 millones de dólares procedentes de cuentas de Rincón y Shiera. De esa cuenta se transfirieron más de 27 millones "a otras cuentas en conexión con el ardid".