El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz decretó ayer la puesta en libertad con cargos y sin fianza para el presidente ejecutivo de la Sociedad Española de Autores y Editores (SGAE), Teddy Bautista, y los otros dos directivos de la entidad de gestión detenidos por la Guardia Civil en el marco de la investigación sobre la presunta comisión de delitos societarios y de blanqueo de capitales: el director general Enrique Loras, el director económico y financiero, Ricardo Azcoaga.

Los tres abandonaron las dependencias judiciales en un coche que esperaba a la puerta de la Audiencia Nacional. El magistrado tomó también declaración a la principal accionista de la empresa Microgénesis, Elena Vázquez, y a su director financiero, Celedonio Martín. Los cuatro detenidos restantes (el director general de la SGAE, Enrique Loras y su esposa María Antonia García Pombo, la hermana de ésta, Eva, y uno de los socios directores de Microgénesis) pasarán a disposición judicial hoy.

Todos ellos fueron detenidos el pasado viernes a raíz de la investigación llevada a cabo desde 2010 por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción. Ayer por la mañana, tras permanecer en dependencias del Instituto Armado desde la tarde del viernes, fueron trasladados a la Audiencia Nacional donde se sometieron al interrogatorio del juez y del fiscal anticorrupción José Miguel Alonso que, en el caso de Bautista, se prolongó durante casi cuatro horas.

Las diligencias sobre la SGAE arrancaron en marzo de 2010, momento en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, entonces Baltasar Garzón, recibió una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción.

A partir de ese momento, Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desarrollaron una detallada investigación que culminó con la detención de nueve personas. La sede de la sociedad fue registrada el pasado viernes, día en el que el magistrado autorizó también el embargo y bloqueo de distintas cuentas.

Según los datos que obran en las diligencias, que fueron declaradas secretas, los detenidos podrían haber creado una trama societaria en aprovechamiento de su situación dentro de la sociedad y desviado fondos en perjuicio de la propia entidad y de sus socios.

La detención de Bautista y otros directivos de la SGAE tuvo ayer sus consecuencias políticas. El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons, afirmó en Valencia que José Luis Rodríguez Zapatero es "amigo íntimo" de los implicados en la investigación abierta en la SGAE y que debería dar una explicación sobre lo que sabía al respecto.

El presidente del Gobierno negó inmediatamente relación alguna con la cúpula de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), "y mucho menos, íntima", y deploró la forma de hacer política del PP con declaraciones como las que pretenden vincularle con los imputados de esa sociedad. Fuentes de La Moncloa señalaron que tampoco tiene ningún tipo de contacto con los implicados en la investigación.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, pidió la dimisión de la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, por no haberse responsabilizado de "auditar y fiscalizar las cuentas" de la SGAE y ser "juez y parte" en el proceso.

"Tendría que dimitir de forma inmediata porque nos ha obligado a los ciudadanos a dar el paso que tendría que haber dado el Ministerio de Cultura", aseguró el portavo de la Asociación de Internautas.