El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ya ha recibido el dictamen del Consejo de Estado sobre el anteproyecto de Ley de Propiedad Intelectual (LPI), un extenso informe de 184 páginas que critica algunas propuestas del Gobierno, especialmente las relativas a la compensación por copia privada. "Deben extremarse las cautelas en la definición del límite de copia privada y en la correlativa implantación del sistema de compensación equitativa por copia privada", recalca el dictamen, para después añadir que "una restricción extrema de los casos legítimos de copia privada puede tener el efecto perverso de promover un hábito de la descarga que se sitúe al margen de lo legal".

Al depender para su implantación directamente de los Presupuestos Generales del Estado, el Consejo avisa de posibles tensiones en el sistema de compensación equitativa en caso de que la cantidad fijada "no alcanzara el nivel adecuado exigido por el Derecho Europeo". "Esta situación no es en absoluto descartable y obligaría a acudir a alguno de los mecanismos de modificación de los créditos presupuestarios", apostilla.

Asimismo, el dictamen señala que el anteproyecto "no contiene los criterios que se tendrán en cuenta para la cuantificación y liquidación de la compensación equitativa". "Se limita a prever que la compensación será calculada sobre la base del criterio del perjuicio causado a los beneficiarios y que contará con una consignación anual presupuestaria", remarca. Por ello, el Consejo de Estado afirma que "debe revisarse la configuración que el anteproyecto hace de estas dos relevantes materias en los artículos 25 y 31 de la LPI a fin de garantizar su ajuste con el Derecho europeo, en los términos en que ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

Por otro lado, el Consejo indica que "debe traerse a examen" la introducción de una nueva figura denominada "operadores en el mercado de gestión colectiva voluntaria", puesto que "no existen ni en la exposición de motivos ni en la memoria", y puede provocar encontronazos con la legislación europea recogida en la Directiva 2012. "El anteproyecto debe ser objeto de una profunda revisión, a fin de adecuarlo a la normativa europea y poder precisar cuál es el exacto régimen jurídico de los operadores. Entiende el Consejo de Estado que es necesario que el régimen de la gestión colectiva de derechos, una vez que se ha decidido proceder a su reforma legal, sea claro y de perfiles definidos para cada uno de los agentes que operan en tal forma", explica.

El Consejo también "estima oportuno modificar" el artículo regulador de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual con objeto de "ampliar sus competencias, incluyendo entre éstas la función de determinación de las tarifas para la explotación de los derechos de gestión colectiva obligatoria de las entidades de gestión y de control para velar por que las tarifas generales establecidas por éstas, en cumplimiento de sus obligaciones, sean equitativas y no discriminatorias".

Una vez recibido el dictamen del Consejo de Estado, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte "ha iniciado el análisis detallado de las observaciones realizadas por este órgano consultivo del Gobierno y tendrá en cuenta varias de las mismas, con el objetivo de enriquecer y perfeccionar el anteproyecto de Ley". En un comunicado, el Ministerio asegura que en este dictamen "no constan observaciones con carácter esencial", y añade que en él se "reconoce que en anteproyecto trata de avanzar en la configuración de un régimen jurídico de la propiedad intelectual acorde con los cambios normativos recientes y con los más novedosos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

En esta línea, el Ministerio afirma que el Consejo de Estado realiza una "valoración positiva expresa de diversos aspectos sobre la transparencia y eficacia de la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, y respalda el planteamiento del texto normativo sobre la mejora de los mecanismos para la protección de derechos frente a las vulneraciones que puedan sufrir en internet". Por último, el comunicado avanza que "en las próximas semanas el anteproyecto de Ley será remitido al Consejo de Ministros para su segunda lectura y aprobación como proyecto de Ley, para remitirlo a las Cortes e iniciar la tramitación parlamentaria". 

No contempla este avisión positiva la oposición al Gobierno.  La secretaria de Educación y Cultura del PSOE, María del Mar Villafranca, ha exigido la retirada del anteproyecto "ante la contundente reprimenda del Consejo de Estado" y ha pedido que se proceda a abrir un proceso de consulta para buscar una propuesta consensuada con el sector y las fuerzas políticas". Para la responsable de Cultura socialista, el contenido del informe del Consejo de Estado "demuestra que la situación reviste la máxima gravedad, porque queda claro que el anteproyecto promovido por el Gobierno constituye una vulneración del derecho de autor y de su salvaguarda efectiva, que puede llevar a España a una situación de contradicción con la legislación europea", al tiempo que ha resaltado que se confirman "las advertencias de la oposición y del sector sobre el anteproyecto".

A juicio de Villafranca, este "varapalo" del Consejo de Estado al Gobierno debe ser una razón más que, "unida a la inexistencia de un proceso de diálogo previo, debe llevar a retirar el anteproyecto y comenzar un proceso de análisis participativo y riguroso sobre la situación de los derechos de autor". En su opinión, "este proceso debe ser especialmente escrupuloso con el cumplimiento de la normativa europea y acorde con aquellas directivas que se están elaborando desde sus instituciones, evitando las contradicciones que el propio Consejo de Estado señala".

"El Ministerio de Cultura debe prestar especial atención a aquellos puntos en los que el informe del Consejo de Estado señala la incongruencia del sistema propuesto con el derecho europeo, de una parte, y con el cumplimiento de las sentencias de los tribunales, siendo el caso de la compensación por copia privada el más llamativo", destaca Villafranca. Por último, recuerda que "desde la oposición ya se advirtió al Gobierno de Rajoy de que la modificación de la compensación por copia privada, que hace pagar a todos los españoles a través de los Presupuestos Generales del Estado, es un mecanismo excepcional en el mapa europeo, ineficaz e injusto para usuarios y creadores".

En similares términos se ha pronunciado la denominada Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, que también califica como "contundente, pero necesario" el dictamen del Consejo de Estado, que a su juicio recoge de forma "precisa y determinante las correcciones que deberían incorporarse" al anteproyecto de Ley de Propiedad Intelectual preparado por el Gobierno. "Creemos que muchas de las recomendaciones son de verdadero calado para garantizar la protección eficaz de los derechos de propiedad intelectual en nuestro país y que no habrá razón para que no se atiendan por el Gobierno", afirman.

Según afirma Carlota Navarrete, directora de la Coalición, "la luz que arroja el dictamen en lo relativo al procedimiento de salvaguarda muestra sin margen de error el camino a seguir para abordar un Proyecto de Ley sólido y riguroso, respaldado por el sector cultural, y coherente con el compromiso reiterado del Gobierno de proteger y potenciar el valor estratégico de unas industrias claves para nuestra economía y el empleo".

La Coalición destaca que el Consejo de Estado recalca que el anteproyecto necesita modificaciones imprescindibles para garantizar cierta eficacia en la consecución de los objetivos de la reforma, entre ellos luchar contra la piratería y proporcionar seguridad jurídica al sector de las industrias culturales y creativas. Además, indica que el Consejo de Estado es "plenamente" consciente de las vulneraciones masivas de los derechos de PI y de la necesidad de su protección cuando afirma que "más allá de las consecuencias positivas que un acceso universal al conocimiento y la cultura puede socialmente conllevar, lo cierto es que la revolución digital está lamentablemente también generando una infracción masiva de los derechos de propiedad intelectual de obras y prestaciones".

A juicio de la representante del lobby de autores, el Consejo de Estado respalda la priorización del bloqueo como "medida más eficaz para la tutela de los derechos de propiedad intelectual vulnerados". Asimismo, la Coalición recuerda que el Consejo señala que debe revisarse "la composición de la Sección Segunda de la CPI, tanto en lo relativo al número de miembros como a los requisitos que deben reunir para ostentar dicha condición y a la dotación de medios para hacer de ella un órgano eficaz". El informe también añade que el régimen sancionador diseñado en el anteproyecto es "disfuncional, defectuoso y carente de coherencia interna", por lo que pide modificaciones al Gobierno si se quiere proteger de verdad los derechos de propiedad intelectual de los creadores.