Durante la pasada crisis, España fue uno de los países donde mas aumento la desigualdad. A pesar de la situación, los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres, convirtiéndonos en el cuarto país mas desigual de la Unión Europea, por detrás de Bulgaria, Lituania y Letonia.

Está claro que nuestro país, donde tenemos a mas de diez millones de personas en riesgo de pobreza y de exclusión social, tiene un déficit importante para afrontar desde las políticas públicas una redistribución de la riqueza, de manera que llegue sobre todo a los más de dos millones y medio de personas que viven en situación de pobreza severa.

Hablamos de unos 850.00 hogares, en la mayoría con hijos e hijas menores a cargo (1 de cada 4 niños en nuestro país está en riesgo de pobreza y exclusión) y hogares monoparentales, que podríamos denominar "monomarentales", ya que el 80% son mujeres. Así, una vez mas, aparece la brecha género: somos las mujeres nuevamente las vulnerables a esta situación de pobreza.

Llevamos varios años hablando del crecimiento de nuestra economía pero ese crecimiento no está llegando a estas familias. Tenemos una bolsa estructural de pobreza, pero a diferencia de otros países europeos no contamos con una red no contributiva.

Por eso, el PSOE tenía el firme compromiso de garantizar unos ingresos mínimos a los hogares que se encuentran en peor situación. Esta propuesta que estaba incluida en el programa electoral desde hace cinco años y que forma parte del pacto de Gobierno progresista, por fin se hace realidad de forma anticipada por el impacto social y económico que ha generado la actual pandemia que vivimos y que ha agravado la situación en la que se encuentran estas familias.

Se trata de una medida de mucho calado, un avance sin precedentes en la lucha contra la pobreza y especialmente contra la pobreza infantil. Con la puesta en marcha de este ingreso, España conquista un nuevo derecho. Se trata de un derecho subjetivo, no contributivo de Seguridad Social, que permite el acceso a una renta mínima a quienes menos tienen. Es un "suelo" común compatible con las rentas mínimas de las comunidades autónomas, que tendrán que reorganizar su sistema de rentas para garantizar unas prestaciones suficientes.

Este ingreso será compatible con el trabajo. El Gobierno de España es consciente de la precariedad del mercado laboral, donde apareció una nueva categoría de pobreza que son los trabajadores pobres -por eso siempre hemos defendido la derogación de la Reforma Laboral del PP-. No trata de desincentivar la inserción laboral, todo lo contrario. Está demostrado que aquellas Comunidades con un sistema de rentas mínimas consolidado son las que actualmente tienen menos tasa de desempleo, a pesar de las críticas que hacen la derecha y la ultraderecha, a las que tanto le "duelen" los españoles y españolas.

El Gobierno de España no mira para otro lado sino que trabaja con la convicción y el compromiso de trabajar para quien mas lo necesita. No podemos avanzar como país dejando a estas familias atrás. Tenemos que buscar itinerarios no solo de inserción laboral sino de inclusión y, para ello, lo primero es tener una garantía de rentas mínimas que es lo que se persigue con esta medida, que es la figura mas redistributiva que va a tener la política social en España y donde deben tener un papel importante los servicios sociales de las Diputación y Ayuntamientos, como instituciones más cercanas a la ciudadanía. La puesta en marcha de este derecho es una cuestión de verdadera justicia social, que solo puede venir de la mano de un Gobierno progresista como el nuestro.