Análisis

Mª Victoria Velasco

Secretaria de Universidad del PSOE de Granada

Expulsar a los universitarios de las aulas no es la solución

Cierre de la Universidad de Granada: Así es el primer día sin clases por el coronavirus Cierre de la Universidad de Granada: Así es el primer día sin clases por el coronavirus

Cierre de la Universidad de Granada: Así es el primer día sin clases por el coronavirus / Jesús Jiménez (Photographerssports)

El Gobierno de la Junta de Andalucía, en un nuevo atentado contra el buen desempeño académico de la Universidad de Granada (recordemos el millonario recorte presupuestario para este curso), ha decidido unilateralmente suspender en ella la docencia presencial temporalmente, pasando por alto por completo la propia autonomía universitaria.

La comunidad universitaria granadina, y su rectora al frente de ella, ha mostrado perplejidad y un total desacuerdo ante la medida al entender que las aulas de nuestra universidad son un sitio seguro tras haberse invertido más de dos millones de euros en adaptarlas y mantenerse en ellas escrupulosamente todas medidas sanitarias de prevención del COVID-19, como bien se sabe. En estas condiciones, y siendo incuestionable que el comportamiento de los universitarios en las facultades es ejemplar, ¿cuál es la razón para expulsarlos a todos de sus aulas?

El pasado “puente del Pilar” las entradas a la Alhambra se agotaron y la ocupación hotelera fue extraordinaria, hecho del que nos alegramos todos y quedó reflejado en la prensa granadina con titulares como el siguiente: “Granada se llena de turistas como antes del coronavirus”. Así las cosas ¿qué arregla impedir que los universitarios vayan a clase, con un aforo limitado, mascarilla, distancia perimetral, y protocolos de tránsito, mientras se permite al resto de la ciudadanía (y a los estudiantes mismos) acudir en grupo a los locales de ocio para comer y beber codo con codo y sin mascarilla? En este contexto social ¿Acaso las aulas de la Universidad de Granada no son un lugar seguro cuando no ha habido ni un solo confinamiento de ninguna de ellas?

Todos tenemos en mente imágenes de comportamientos ciudadanos incívicos en ambientes de ocio, pero de los casi 60.000 estudiantes que hay en la Universidad de Granada ¿cuántos podría haber allí, si es que los había? Son miles los estudiantes de la UGR que no han tenido absolutamente nada que ver con eso ¿cómo vamos a prohibirles que hagan uso de sus aulas sin que haya un confinamiento social generalizado? ¿Qué soluciona hacerlo? ¿Es un “toque de atención” como dice el alcalde? ¿No será más bien un despropósito?

Se ha hecho viral una viñeta que muestra un profesor que intenta reservar espacio en un bar para dar clase allí a sus alumnos. Este chiste gráfico, que encuentra el humor describiendo una posibilidad real que es absurda, explica por sí mismo el desconcierto y la tristeza de los universitarios granadinos y su Rectora.

Las razones que esgrime el Gobierno de la Junta de Andalucía para justificar este nuevo agravio contra la Universidad de Granada las ha expresado del siguiente modo “rebajar la presión para que se produzca una bajada que nos impida tomar decisiones más drásticas vinculadas a la hostelería o a la propia limitación de la movilidad” (declaraciones del Portavoz del gobierno andaluz, del pasado 13 de octubre). Tales declaraciones contrastan grotescamente con la efectuadas por la CRUE ese mismo día: “es imprescindible que se garantice el control en las zonas de ocio para evitar que las universidades se vean obligadas a cerrar”. Lo triste ya no es constatar con tan meridiana claridad dónde están las prioridades de una y otra institución, sino tener además el convencimiento de que impedir la presencialidad en las aulas no va arreglar absolutamente nada si no hay un plan de actuación coherente, inteligente y bien fundamentado que lo respalde.

Como muestran reiteradamente los rankings internacionales más prestigiosos, en el contexto de las universidades españolas y por tanto en el de las andaluzas, la Universidad de Granada es un ejemplo de excelencia y buen hacer. Merece por tanto que su dimensión docente e investigadora sea entendida, reconocida y apoyada por el Gobierno de la Junta de Andalucía que es quien en este caso tiene una gran responsabilidad, de acuerdo con sus competencias tanto en materia educativa como de universidades. Últimamente poco ha habido que celebrar al respecto. Ojalá y pronto se perciba otra actitud. Si algo hemos aprendido de la crisis del COVID-19, es la importancia y la necesidad de velar por una sanidad y una educación pública de calidad y, en particular, por la llamada educación superior que es donde reside nuestro I+D.

MÁS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Ir a la sección Opinión »

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios