Al abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye (años de cárcel a sus espaldas por colaboración con banda armada; ayudó a ETA en el secuestro de Revilla), le faltó tiempo para acercarse al juez y mostrarle su móvil con las declaraciones que acababa de hacer la vicepresidenta española.

Carmen Calvo había dicho a Alsina que el Gobierno no entendería que Bélgica no procediera a la extradición de Puigdemont atendiendo la euroorden, y que se verían alteradas las relaciones entre los dos países. Calvo había explicado previamente que España respeta la separación de poderes y el Ejecutivo no interviene en las decisiones de la Justicia, pero esa frase -"El Gobierno español no entendería que el Estado belga no entregue a quienes están huidos de la Justicia española" y que en ese caso el Gobierno español "tomaría sus decisiones"- chirriaba por todas partes.

Calvo ha cometido un error de bulto al no medir sus palabras. Una sola frase fuera de contexto puede dar carnaza a Puigdemont y su abogado para hacer creer al tribunal belga que es víctima de una persecución política. Un error lo puede cometer cualquiera, pero cuando se ocupa un cargo institucional de la máxima relevancia, cuando las cosas en Cataluña van como van, mal; cuando llevamos tres semanas con preocupantes actos vandálicos de violencia nunca vista ahora, cuando los independentistas preparan una resolución parlamentaria provocadora e inconstitucional, cuando arde la calle... cuando todo eso ocurre a diario y con el apoyo de las instituciones catalanas, más que nunca es obligado actuar con la máxima prudencia.

Carmen Calvo se dejó llevar por su propio entusiasmo, en el que ve a Sánchez imponiéndose a los independentistas. Algo que no ocurre, sino que más bien ocurre todo lo contrario. Y ese entusiasmo le llevó a no medir bien sus palabras … y a dar argumentos a Puigdemont para intentar que los jueces belgas no procedan a mandarlo a España.