Análisis

rogelio rodríguez

El Gobierno nutre el horno antisistema

Ya quedan pocas dudas sobre el 'leitmotiv' de los numerosos desaires de Sánchez a Felipe VI

La estrategia para la demolición de la Monarquía parlamentaria cobra músculo. La izquierda radical, los abertzales, los secesionistas y los republicanos conservadores de cuño nacionalista han encontrado en Pedro Sánchez el mejor aliado que podían imaginar para erosionar la Corona y el sistema constitucional. Los alienta el propio presidente con sus constantes ninguneos al Monarca y, para colmo de dislates y desafíos, los patrocina el vicepresidente Pablo Iglesias, al que Felipe González acaba de acusar -en medios argentinos- de pretender "la autodestrucción de España". Los miembros del Gobierno prometieron cumplir y hacer cumplir la Constitución con lealtad al Rey, pero varios de ellos muy significativos se quedaron en el dicho porque desde el minuto dos de su toma de posesión los hechos prueban la contumaz felonía de aquel compromiso.

Y, además, se esmeran en demostrarlo, así que ya quepan pocas dudas -o ninguna- sobre el leitmotiv de los numerosos desaires del jefe del Ejecutivo a Felipe VI en forma de plantones, retrasos en las citas, no acudir en tiempo y hora a La Zarzuela para informarle de la composición del Gabinete, suplantarlo en la ronda de consultas tras las elecciones, callar mientras los proetarras lo insultan desde la tribuna del Congreso, sede de la soberanía nacional… Y lo último, el veto subrepticio -el primero que realiza un Gobierno- a que el Rey asista en Barcelona, como es tradicional, a la entrega de despachos a los nuevos jueces, ignorando que el acto corresponde al Poder Judicial, no al Ejecutivo, y que la Carta Magna dice que la Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey. De hecho, los actos jurídicos y las leyes llevan la firma real. El asunto es institucionalmente provocador y estremece que el titular de Justicia y magistrado, Juan Carlos Campo, inserte tamaña decisión en "todo un paquete de razones para proteger la Monarquía". Palabras turbias, impropias del notario mayor del Reino, que evocan las aguas mansas de las que advierte el viejo refrán.

Pero la injerencia del Gobierno en este caso va mucho más allá de su legítima potestad sobre la actividad oficial del Monarca y sus discursos, ya que está motivada por las bastardas exigencias de los grupos que auparon y mantienen a Pedro Sánchez en el poder, como lo está la reforma legislativa para rebajar el tipo penal de la rebelión y la sedición o el proceso para indultar a los dirigentes catalanes condenados por la fallida intentona del 27 de octubre de 2017. El indulto es un instrumento legal y todos los gobiernos lo han practicado, pero según y cómo, y estos que procura el Ejecutivo atufan a inmoralidad política, lesionan al Poder Judicial y favorecen a secesionistas como Oriol Junqueras que no solo no están arrepentidos del delito que cometieron, sino que reiteran su disposición a repetirlo.

Podemos, ERC, Bildu y demás tropa antisistema han encendido el horno para abolir el régimen de 1978 e instaurar una república de estados republicanos federados, pero lo peor es que el Gobierno constitucional no da abasto enviándoles madera. ¿Dónde está el límite?

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