A una empleada de hogar le han cobrado en el banco 60 euros de comisión trimestral por mantenimiento de la cuenta; tiene dos pequeñas nóminas que superan el mínimo que la entidad tiene establecido para no cobrar una comisión tan alta, pero la empleada del banco le dice que al sistema informático no le han enseñado a sumar, y cada una de las nóminas no llega a ese mínimo. Afortunadamente los procesos de fusiones dejan todavía margen a la competencia y esta persona puede cambiar de banco, pero este hecho menor hace pensar en el buen gobierno y la responsabilidad social de las compañías, así como los procesos para llevarlos a la práctica.

La entidad en cuestión es quizás la más destacada en España en programas responsables en el empleo, atención a la infancia y la vejez, voluntariado, y microcrédito, y con absoluta seguridad su consejo de administración reconocería que lo ocurrido no es una buena práctica. Las entidades hoy están penalizadas por el Banco Central Europeo que les cobra 0,5% anual por sus depósitos en el BCE, de manera que los depósitos de clientes no invertidos les cuestan dinero a los bancos, e intentan compensarlo mediante comisiones. Con unos ingresos mensuales de 860 euros, el costo para un banco del saldo medio de las nóminas de esta empleada de hogar es prácticamente nulo, pero la comisión que le cobra es un 2,4% anual; y sin embargo el coste para el banco de un cliente con un saldo muy elevado es alto, aunque en estos casos la entidad no se atreve a cobrar comisiones, e intenta derivar la cuenta corriente a una cartera de inversión. La Comisión Europea estableció una cuenta corriente en condiciones muy favorables para personas con escasos recursos, precisamente para evitar la exclusión financiera -más común en otros países que en España-; al igual que recrimina las facilidades de crédito en descubierto que puede ser la ruina de estas personas -más frecuentes en Fintech que en los bancos-. Se da, pues, la paradoja de que quién menos tiene paga proporcionalmente más por sus cuentas, y está peor ante un posible endeudamiento.

Dos ideas surgen de esta historia. Una, la dificultad de trasladar desde los consejos de las compañías su propósito, y que se cumpla en la práctica, pues hay conflictos entre la responsabilidad social y los objetivos que se exigen al negocio; no es cuestión de buena voluntad, sino de disponer de procesos técnicamente bien diseñados que eviten la distorsión cuando se pasa de las decisiones de los consejos a la red, pues los procesos no son sino el conocimiento de causas y efectos, o sea, lo que se llama función de cumplimiento. La segunda idea es que la crisis está poniendo a prueba el funcionamiento de nuestra sociedad, y afecta sin duda a los más débiles; esta misma empleada de hogar tiene un seguro de salud privado para su hija con un leve problema respiratorio, no es muy caro, pero en cualquier caso no puede permitirse el costo en tiempo, días de trabajo, que supone la atención por la sanidad pública. Hay que mirar ahora más que nunca a aquellas personas cuya vida está llena de obstáculos, procurando que no lleguen a una situación límite y, aunque ellas no tengan igualdad de oportunidades, al menos que dispongan de condiciones para poder ofrecérselas a sus hijos.