La Universidad de Granada tiene un peso del 4.5% en el sistema español de universidades públicas y se posiciona entre las primeras universidades españolas en los rankings más prestigiosos. Más allá de su liderazgo académico y científico es uno de los motores principales de la provincia de Granada por su actividad en el desarrollo y transmisión de conocimiento, el empleo que genera y por su patrimonio. Así concluye el estudio 'Generación de valor de la UGR en su entorno: análisis de su impacto económico y social', realizado por un solvente equipo de investigadores liderado por el profesor Teodoro Luque.

De la envergadura de la UGR da cuenta su presupuesto: 1,75 veces mayor que el de la Diputación y 1,51 veces mayor que el del Ayuntamiento de Granada. Sus estudiantes suponen una cuarta parte de los habitantes de la ciudad, aportando a nuestras arcas una cantidad superior a los 6.500 euros por estudiante y año académico; lo que en el curso 18-19 supuso unos 217 millones de euros. El gasto asociado a actividad universitaria en dicho curso se cuantifica en 686 millones de euros, con un impacto sobre el empleo de unos 25.500 empleos (6000 directos). En el mencionado estudio, se justifica que el 6,12% del PIB y el 7,77% del empleo de la provincia provienen de su Universidad (que aporta el 0.65% del PIB y el 0.86% del empleo de toda Andalucía).

La tasa de paro desciende conforme aumenta el nivel de estudio de los demandantes, siendo un 40% menor la de los universitarios en relación a la de los que carecen de esta titulación. Además de tener mayor empleabilidad, los titulados superiores disfrutan de mejores salarios y pagan más impuestos. Una universitaria española gana un salario 1.75 veces mayor que el de una mujer cuyos estudios de educación secundaria (1,63 veces en el caso de los hombres), lo que en términos de IRPF se traduce en una contribución 2,79 veces mayor (2.27 veces en el caso de los hombres).

En concepto de IVA, los universitarios en España contribuyen por término medio un 61.3% más que los ciudadanos con formación de grado medio (un 70.4% más las mujeres y un 56.3% más los hombres), siendo esta diferencia en Andalucía del 51.6%. Se estima que hay unos 174.000 egresados de la UGR en activo que generan una contribución fiscal “adicional” de 830 millones de euros.

Estos datos contrastan con el hecho de que en el periodo 2007-2017 España perdió 87.000 trabajadores altamente cualificados. A título de ejemplo, recordemos que más de 3.500 médicos abandonaron España en 2018, un 20% más en 2019 (formar a un MIR cuesta al sistema entre 140.000 y 180.000 euros).  En el caso de los egresados de la UGR, se considera que el extranjero viene a ser la “segunda provincia” receptora de nuestro talento, tras Madrid. Estas cifras visualizan la enorme pérdida económica ligada a esta descapitalización humana cuando regalamos sin más, a otros países, los graduados, másteres y doctores que hemos formado con tanto sacrificio por parte de las administraciones, los propios interesados y sus familias. La contribución que nuestros jóvenes talentos hacen al PIB de estos países es justo la que deberían hacer en el nuestro.

La clave de un desarrollo económico sostenible, en nuestro caso, más allá de preservar el sector servicios como potencia turística que somos, está en apostar a pleno potencial por nuestro I+D y, con ello, por el retorno de talento y la transferencia de conocimiento al sector productivo en aras de la creación de empleo cualificado en el marco de la innovación. Esta es nuestra asignatura pendiente, y más nos vale ser conscientes de ello para posicionarnos debidamente cuando, según el World Economic Forum, un 65% de los niños que ingresan hoy en la enseñanza Primaria terminarán trabajando en empleos que hoy día no existen.

Si no rectificamos en este sentido para buscar el asentamiento y la consolidación de la mano de obra cualificada que con tanto acierto formamos, jamás levantaremos el vuelo. Perderemos competitividad dentro de Europa, por agrandamiento de brecha tecnológica y económica que ya existe, tras una falta continuada de inversión en I+D que es contraria a las políticas de nuestros homólogos. Pensemos que, como se muestra en el citado estudio, cada euro invertido en el presupuesto de la UGR se convierte en 7,1 euros de producción. Fijémonos también en el valor que tienen para toda la provincia proyectos estratégicos como el PTS y el IFMIF-DONES (del que se espera que genere una actividad cercana al 4% del PIB provincial).

El Gobierno de España ha puesto en marcha un fondo de financiación no reembolsable para las Comunidades Autónomas de 16.000 millones de euros de los cuales 2.000 se destinan a educación. Sin embargo, la Junta de Andalucía aplica medidas en la dirección contraria imponiendo a las universidades un recorte de 135 millones de euros. Desnaturaliza así el rol de las universidades públicas andaluzas que, de ser sectores estratégicos a proteger, pasan a convertirse en benefactores de terceros por la vía de la desamortización, cuando se las obliga a contribuir con un desproporcionado 20% al Fondo de Emergencia (cuando tienen un peso del 3.5%).

Para ubicarnos en las cifras, el presupuesto de la UGR para el próximo curso es de 480 millones de euros y la institución cuenta con un remanente de 35 millones de euros: el 7,3% de dicho presupuesto (en unos ingresos anuales de un trabajador de 20.000 euros esto es tener un colchón de 1460 euros). La Junta de Andalucía ha recortado los ingresos de la UGR casi a lo que dan sus remanentes, por lo que en el próximo curso dejaría de recibir 24 millones de euros, que no saldrían de las arcas de la Junta (si bien la Universidad puede suplirlos de sus remanentes, que prácticamente desaparecerían). Esto, además de generar un caos administrativo enorme por la mezcla de partidas presupuestarias, compromete económicamente el desempeño de nuestra universidad a niveles básicos, puesto que la deja sin capacidad de respuesta alguna en medio de una pandemia.

Ante estos recortes, el Presidente de CRUE y rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez, ha afirmado en la Comisión de Reconstrucción que “el sistema está al borde del colapso y una situación como la que se ha producido ahora agrava mucho más el escenario” y ha recordado que en Andalucía, a finales de 2019, el esfuerzo en investigación solo ha representado el 0,92% del PIB, frente al 1,24% de la media española, el 2% de los países de la UE y 2,36 de los de la OCDE. 

Por el bien de nuestra economía y por el futuro de nuestra tierra hemos de apostar por nuestras universidades públicas porque nuestro progreso depende de ello. No podemos afrontar una crisis como la del COVID-19 desde el cortoplacismo. Deberíamos repensar un modelo de universidad que se adapte a la nueva realidad de manera solvente, acortando distancias con los países de nuestro entorno, que sea competitivo, inteligente e innovador, y esté acorde con el prestigio de nuestras centenarias instituciones. Las universidades necesitan certidumbres y capacidad organizativa para planificar sosegada y concienzudamente sus estrategias con el fin de seguir devolviendo con creces cada euro que se invierte en ellas, a la par que contribuyen al desarrollo sostenible de su entorno.

Estamos a tiempo de proteger aquello que nos protege. Apostar por nuestras Universidades públicas no es un gasto sino una inversión social, económica y cultural. Los datos aquí mencionados lo corroboran y permiten vislumbrar las consecuencias de desmantelar nuestro sistema universitario público. Y ya se nos ha advertido que estamos al borde del colapso.