Análisis

rogelio rodríguez

Teatro de falsedades

La negativa a la consulta ilegal se sostiene en la imposibilidad de realizarla, no en Sánchez

Si Pedro Sánchez no hubiera malversado tantas veces su palabra, el nunca, jamás que pronunció esta semana en el Parlamento sobre la convocatoria de un referéndum de autodeterminación en Cataluña le reubicaría en las filas del constitucionalismo, aunque, dada su trayectoria, solo se tratara de una feliz expectativa. Pero, según la certera tesis aristotélica, el castigo del embustero es el de no ser creído, aun cuando diga la verdad. El arte de la mentira política, título del excelente libro de Jonathan Swift (S. XVIII), es praxis de todos los gobiernos, la mayoría de las veces porque lo prometido es luego irrealizable o mucho más comprometedor de lo que creían, y, otras, porque mentir es el instrumento de supervivencia que utilizan los gobiernos débiles, por obscena que sea su práctica y devastadores los resultados.

La presidencia de Sánchez pasará al Guinness de los incumplimientos. En la memoria colectiva desde decenas de años atrás no figura ningún otro gobernante que acumule tantos engaños. Ni podía dormir estando Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros, ni nunca pactaría con ERC o Bildu, ni indultaría a los condenados por el procés, ni… Y, sin solución de continuidad y sin recato, durmió, pactó e indultó. Los gestos para la presumible concordia solo tienen un destinatario: las fuerzas que sostienen al Gobierno, las mismas que delinquen contra el Estado de derecho. El teatro de simulaciones y falsedades es de sesión continua, con un actor principal, un guionista de cámara y un amplio elenco de guiñoles aferrados a la prebenda de un cargo público. A lo que se suma la resonante indolencia del socialismo tradicional.

La negativa a la consulta ilegal no se sostiene en la palabra del jefe del Ejecutivo sino en la imposibilidad de realizarla. El artículo 1.2 de la Constitución dice que la soberanía pertenece al conjunto del pueblo español, por lo que, como ha señalado el Tribunal Constitucional, cualquier medida que sobrepase el listón del sistema debe ser consultada a todos los españoles. En este asunto, ni el Gobierno ni las Cortes tienen capacidad alguna de decisión. Solo cabría una reforma constitucional, que la actual aritmética parlamentaria la hace del todo inviable. Por tanto, tampoco cabe aquí articular una Ley de Claridad como la canadiense respecto a las aspiraciones secesionistas de una parte de Quebec, ya que no existe ningún paralelismo político, social e histórico entre ambos conflictos. Ninguno. Quebec fue una colonia francesa, hurtada a los indios, que pasó a dominio inglés y Cataluña fue siempre un territorio integrado que, incluso, asumió sin rechistar el centralismo como Nación que emanaba la Constitución de Cádiz de 1812.

La anunciada mesa de diálogo no abrirá la puerta a la autodeterminación. Los independentistas mantendrán sus reivindicaciones, reiterarán sus amenazas y procurarán carnaza a su militancia con escenas de ruptura, pero saben que el Gobierno no tiene esa llave. El resultado de la intentona ha hecho que aplacen su gran propósito. El objetivo inmediato del secesionismo es llenar sus vaciadas arcas con fondos europeos, una oportunidad única, con Sánchez de interlocutor, para engrosar los cimientos de su tropelía

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