Es ahora cuando somos plenamente conscientes de la importancia de la salud y de las excelencias de nuestro sistema sanitario público, universal y gratuito. Nos sentimos orgullosas y orgullosos de sus profesionales a quienes, además de un merecido aplauso vespertino, les debemos un reconocimiento social y económico a la intensidad y lo arriesgado de su trabajo. Y es ahora cuando debemos situar en un primer plano otros derechos fundamentales para el presente y el futuro.  Entre ellos, la Educación, un derecho que trasciende a la urgencia de lo inmediato y a este confinamiento, cuyo punto y seguido empieza a vislumbrarse.

 Un ámbito que es, junto al sanitario, vital para el desarrollo de cualquier sociedad y, especialmente, para un país y una comunidad autónoma como la nuestra donde abunda el talento y escasean las oportunidades.

 Precisamente, la etapa educativa de cero a tres años contribuye a defender ese talento y a garantizar la igualdad de oportunidades. Una etapa -en la que aún pensamos equivocadamente en términos de “guardería”-  que es crucial para el desarrollo de nuestros niños y niñas, que favorece la conciliación familiar y laboral y la socialización de los más pequeños en una sociedad con índices de natalidad alarmantemente bajos.

 Por ello, desde el PSOE hemos impulsado ante el Parlamento de Andalucía una iniciativa legislativa que convierta a la educación infantil en una enseñanza universal y gratuita.

 Desde que se decretó el Estado de Alarma, y por ende el cierre de los centros, demasiadas incertidumbres se ciernen en Andalucía sobre este sector conformado por pequeñas empresas, muchas de ellas de economía social. Un sector mayoritariamente feminizado, comprensivo con las necesidades de las familias y que, en gran medida, ha sobrevivido gracias al compromiso vocacional de sus más de 10.000 trabajadoras y trabajadores.

 Más de 1.800 escuelas infantiles, muchas de ellas granadinas, han dejado de percibir los ingresos de las familias y las bonificaciones de la Junta de Andalucía y se ven abocadas al cierre definitivo de sus puertas. Estos centros no pueden esperar; están en peligro y necesitan para sobrevivir a este final de curso tan atípico el apoyo económico del Gobierno andaluz que, sin embargo, ha sido incapaz -también en esto- de dar la talla y de estar a la altura.

 La Consejería de Educación sin consenso y sin escuchar a los sindicatos, asociaciones y coordinadoras que representan al sector, publicaba una Orden de Subvenciones que, además de serias dudas legales y una falta de bases reguladoras palmaria, otorga tan solo 180 euros por plaza ocupada a estos centros y les exige el mantenimiento del 100% de sus plantillas.  Una cantidad, para que se hagan una idea, que representa el 65% de su coste y está lejos de los 209 imprescindibles para afrontar las necesidades mínimas.

El presidente de la Junta y su consejero de Educación ignoran además que tienen que hacer frente, entre otros, a gastos importantes derivados del alquiler o compra del inmueble, de la adquisición de equipamientos, del pago de suministros básicos y de otros compromisos con proveedores.

Ahora, y no cuando sea irremediablemente tarde, tenemos la obligación de apoyar desde todas las instituciones y como sociedad a una etapa educativa, de cero a tres años, castigada por los efectos de esta pandemia y, sobre todo, por la ineficacia del Gobierno de Andalucía que no apuesta ni cree en ella y está dispuesto a echar por la borda el esfuerzo de gobiernos anteriores para cumplir el compromiso marcado por el Consejo Europeo de Barcelona de llegar a un 33% mínimo de plazas para formar a los benjamines de nuestro sistema educativo en 2020.

Exigimos a la Junta de Andalucía soluciones reales y eficaces para garantizar el derecho a la educación desde las edades más tempranas, que escuche al sector y haga un esfuerzo para llegar a esos 209 euros mínimos imprescindibles y que permita la compatibilidad de esas ayudas con otras aprobadas por el Gobierno de España, como lo hacen otras comunidades autónomas.

Se trata de agilizar la respuesta y garantizar el pago de las ayudas necesarias para que los centros puedan abrir sus puertas cuando la situación sanitaria lo permita y las familias lo precisen. Se trata de apostar ahora y no cuando sea tarde por la educación infantil; de dignificarla y darle la importancia que merece porque Andalucía necesita mirar al presente y al futuro sobre las bases sólidas de la educación y de la igualdad, dos derechos que han de hacerse efectivos desde el nacimiento, siempre y a lo largo de toda la vida.